¿QUIÉN MATÓ A JEANNETTE KAWAS?

ALG13 julio, 2016

El 7 de mayo de 2009 el Estado de Honduras fue condenado por La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, por el caso de la ambientalista, Blanca Jeannette Kawas, asesinada por sicarios el 6 de febrero de 1995 en su casa de habitación.

Las indagaciones determinaron que se trató de un crimen por encargo, pero la causa de su caso permanece aún inactiva, más de veinte años después, pese a que se conocen los nombres de por lo menos tres presuntos responsables: el coronel Mario Amaya (conocido como Tigre Amaya), el sargento Ismael Perdomo en la jefatura de policía de Tela y Mario Pineda (también conocido como Chapin).

El 14 de enero de 2002, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, Eric, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres peticiones individuales en las que se responsabiliza internacionalmente al Estado de Honduras por los asesinatos de Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y Carlos Luna López.

En la sentencia del 3 de abril de 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso 12.507: Blanca Jeannette Kawas Fernández contra la República de Honduras  se conocen la siguiente descripción de los hechos:

janeth_kawasBlanca Jeannette Kawas Fernández falleció el 6 de febrero de 1995, aproximadamente a las 7:45 p.m., en forma instantánea al recibir un disparo de arma de fuego calibre 9 mm en la parte posterior del cuello, con orificio de salida en el pómulo izquierdo, mientras se encontraba trabajando con su asistente, Trinidad Marcial Bueno Romero, en su casa, ubicada en el barrio El Centro de la ciudad de Tela. Testigos manifestaron haber visto a dos hombres jóvenes armados, que se movilizaban en una camioneta pick up de color blanco, irrumpir en los alrededores de la casa de la señora Kawas Fernández, y luego escuchar el sonido de dos disparos de arma de fuego.

Poco después de lo ocurrido, una patrulla de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) conducida por el sargento Ismael Perdomo, se hizo presente en el lugar de los hechos, y llevó a cabo el levantamiento del cadáver.

El 6 de marzo de 1995, un mes después del asesinato de Kawas, el sargento de Policía Ismael Perdomo presentó ante las autoridades de la Dirección de Investigación Criminal a Juan Francisco López Mejía, un joven de 16 años de edad, como presunto responsable de los hechos. En su declaración, el joven se atribuyó responsabilidad por los hechos e inculpó a dos de sus familiares. Ese mismo día, el Juzgado de Paz de lo Criminal de la ciudad de Tela ordenó la captura de los señores Juan Mejía Ramírez y Sabas Mejía Ramírez, identificados como presuntos sospechosos de la privación de la vida de Blanca Jeannette Kawas Fernández.

El 8 de marzo de 1995 el Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”. Aunque esta decisión no fue motivada, el fiscal encargado de la investigación en ese momento indicó, en una declaración rendida posteriormente, que el joven Juan Francisco López Mejía reveló haber sido coaccionado a rendir declaración incriminatoria, por lo que se determinó que no hubo méritos para la captura.

Durante los años 2007 y 2008 el Juzgado de Letras Seccional de Tela requirió la práctica de algunas diligencias probatorias, entre ellas: búsqueda de Juan Francisco López Mejía en registros oficiales, inspección en las oficinas del lugar de trabajo de la presunta víctima, la fundación PROLANSATE, y en las oficinas de la Policía Nacional Preventiva de La Ceiba, así como entrevistas en las ciudades de Tela, La Ceiba, El Progreso, y San Pedro Sula. De estas últimas se logró determinar que el joven Juan Francisco López Mejía, quien habría sido coaccionado a autoinculparse por los hechos de este caso, murió de forma violenta en el año 2008.

Laguna-de-los-Micos-1024x768

El 29 de agosto de 2003, a solicitud del fiscal encargado, el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela recibió la ampliación de la declaración rendida por uno de los testigos de los hechos, quien indicó que había sido amenazado por un “sargento Perdomo” de la Policía, a raíz de su testimonio.

El 2 de marzo de 2004 el fiscal solicitó al Juez de Letras Seccional de Tela que ordenara la captura del sargento clase III de la Policía, Ismael Perdomo, por “suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y coacciones en perjuicio de la administración pública”. El 10 de marzo de 2004, oídas la posición del fiscal y del imputado, el Juzgado decretó la prohibición de salir del país al sargento de la Policía Ismael Perdomo, así como de comunicarse con los testigos y transitar por los lugares donde ellos concurrieran. El 15 de marzo de 2004 el Juzgado de Letras Seccional emitió un auto de prisión en contra del sargento de la Policía de referencia y denegó una solicitud de sobreseimiento definitivo por prescripción del delito imputado presentada por la defensa. Esta decisión fue apelada.

El 23 de marzo de 2004 el Juzgado de Letras Seccional admitió con efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la defensa, por lo cual ordenó remitir el expediente a la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Ese mismo día, el fiscal del Ministerio Público solicitó al Juzgado que abriera el juicio a plenario en contra del sargento de la Policía Nacional por la presunta comisión del delito de “encubrimiento en perjuicio de la administración pública”. El 25 de marzo de 2004 el Juzgado negó la petición argumentando que “el auto de prisión decretado al señor […] fue apelado por la defensa”.

El 9 de octubre de 2006, dos años después de su admisión, la Corte de Apelaciones de La Ceiba resolvió el recurso de apelación y decidió que la orden de captura expedida “se encontraba viciada de nulidad”, ya que surgió “sin haberse presentado requerimiento fiscal correspondiente”. Vista la decisión, el 23 de noviembre de 2006 el Juzgado de Letras Seccional de Tela ordenó al Ministerio Público que realizara un análisis de la conducta del sargento de la Policía imputado, con el fin de presentar el requerimiento fiscal correspondiente. No obstante, en ese momento no había un fiscal personado al caso y la orden de captura no volvió a solicitarse.

Un año después de ocurrido el asesinato de Kawas, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Tela destacaron, en su informe emitido el 10 de mayo de 1996, la participación de un agente de la FUSEP en los hechos del presente caso.

«Así, indicaron que después nos dimos cuenta que el sargento de la Fuerza de Seguridad Publica […] de este mismo lugar, coaccionó a un individuo de nombre de Juan Francisco López Mejía, el cual le ofrecieron dinero para que dijera que el había sido el hechor. Al realizar las investigaciones nos dimos cuenta que Jorge Montoya tiene una casa cerca de la Fuerza Pública de esta ciudad, como a media cuadra […] lo que se ha constatado es que en ella se ha visto entrar al sargento Perdomo de la Fuerza de Seguridad Pública. De esta manera hemos comenzado a establecer nexos entre éstas personas y a buscar pruebas fehacientes a modo de esclarecer este delito».

PARQUE_NACIONAL_JEANNETTE_KAWAS_SIGN

La participación de este funcionario de la policía en el encubrimiento del asesinato de la señora Kawas Fernández también se desprende de la declaración testimonial del señor Dencen Andino Alvarado, rendida el 30 de octubre de 2003 ante la DGIC, en la cual indicó que:

«nos trajeron al Juzgado a declarar para saber si conocíamos a los asesinos y de ahí nos llevaron de vuelta a la policía, nos llevaron a San Pedro Sula como a las tres de la tarde porque habían dicho que habían agarrado un carro [en el] que supuestamente habían venido los asesinos, estando en las bartolinas llegó el Sargento Perdomo y nos dijo Ustedes lo que tienen que decir es que no los conocen y así quedan ustedes, que no los conocen».

«…estando yo en mi casa recibí un anónimo mismo que recibió el Ingeniero Urraco donde decía que lo que habíamos dicho eso teníamos que decir, que no habíamos visto nada».

«Ahí está el Ingeniero Urraco que puede decir también que como a eso de las dos de la mañana llegó el Sargento Perdomo y nos dijo que nosotros lo que teníamos que decir era que no habíamos visto nada y también nos dijo que dijéramos que el no nos había dicho nada, que el nos había dicho eso para que eso no perjudicara más adelante».

«por temor a las amenazas hechas no había declarado por la amenaza hecha contra mi vida […] solo por las amenazas hechas por el Sargento Perdomo».

Parque-Jeannette-Kawas-3

En declaración posterior del mismo testigo de fecha 9 de diciembre de 2003:

«El día miércoles de la semana pasada, a eso de las diez a once de la mañana me encontraba en el Barrio San José, acompañado del Jefe de Obras Públicas de la Municipalidad, quién es mi patrón, diciéndome donde me tocaba barrer, cuando salió ISMAEL PERDOMO y me llamó y me dijo que quería platicar conmigo y yo le dije que si estaba bien, y el me dijo que hay (sic) nos íbamos a ver. […] El día viernes de esa misma semana mi hija […] me dijo que me habían ido a buscar unos muchachos […] ese mismo día me dijo el encargado de las tarjetas de la municipalidad que me habían ido a buscar […] dos personas que se habían identificado como agentes…»

«Anoche a eso de las 12 de la noche llegaron a la casa unos hombres, tocaron la puerta y decían si podía salir afuera que querían platicar conmigo, pero yo no les abrí, ahí estuvieron como media hora, y como no salí se fueron […] Ismael Perdomo tiene algo que ver por las palabras que nos dijo cuando sucedió el caso […] temo por mi vida y quiero que me digan que puedo hacer…»

En el Ministerio Público en el año 2003 se concluye que la FUSEP, dirigida en ese entonces por el Sargento Perdomo, “NO EJECUTÓ NINGUNA ACCIÓN tendente [sic] a detener a los posibles autores materiales del asesinato, no realizó ningún retén policial, asumiendo una actitud despreocupada e indiferente ante la situación planteada, pretendiendo desviar en varias oportunidades [] la investigación, o mantenerla en un estado completamente pasivo”. En este sentido, afirmó que según las investigaciones, el Sargento Ismael Perdomo tuvo una participación muy activa en el desvío del curso de las investigaciones desde el mismo día de los hechos; […] Los testigos Alex Dencen Andino y Marco Antonio Urraco manifiestaron que fueron coaccionados por parte del Sargento Perdomo para que no declararan acerca de los hechos; y en el caso de Juan Francisco [López] Mejía, éste fue coaccionado para que incriminara a dos personas que no tenían nada que ver con el caso, a cambio de decretar su libertad, ya que se encontraba detenido en las celdas de la Policía por el hurto de una bicicleta […]

Juan Francisco Mejía López es testigo clave para la resolución del caso, ya que el equipo de investigadores de la Dirección de Investigación confirmó que este joven fue coaccionado por parte del sargento Ismael Perdomo para que declarara en contra de sus dos primos […] es importante mencionar que a esta fecha se desconoce el paradero de este testigo y que le corresponde a la Policía […] ubicarlo para que pueda rendir su declaración testifical ante el Juez que conoce de la causa, a fin de lograr la detención del sargento Perdomo, quien a todas luces tiene participación en este caso.

Confirmando lo anterior, el ex fiscal asignado a la investigación de este caso, Saúl Benjamín Zapata declaró posteriormente que: «el delegado de Policía de Tela en ese entonces llamó a Ceiba, para informar que tenían detenido a un sujeto ‘menor de edad’, que decía que era uno de los autores del asesinato, [cuando lo indagaron] [l]o que nos llamó la atención fue lo que nos dijo sobre el Jefe de la Policía de Tela[,] que él lo había presionado para que [se autoinculpara de ser] uno de los asesinos al grado de amenazarlo de muerte, nuestra sospecha fue de que (sic) la Policía sabía y encubría a los verdaderos asesinos[;] a la semana más o menos el Juzgado de Tela dejó en libertad a este menor porque no había méritos contra él, pero sí nos sirvió la declaración en el sentido de que empezamos a investigar la implicación de la autoridad Policial en el hecho, fue así que logramos llegar hasta una comunidad que se llama Esparta, donde habitaba una de las personas que había planificado el asesinato y que por apodo lo llamaban si mal no recuerdo “el Tigre” y que éste había actuado en concordancia con otras personas pudientes del sector para planificar el hecho, la aparente razón o motivo principal [fue] que Yaneth [sic] Kawas era una protectora insaciable del ambiente y se oponía a un desarrollo turístico que se iba a realizar en la Bahía de Tela […] en una zona protegida como parque nacional.

Cabe reiterar que con base en los elementos probatorios expuestos el 2 de marzo de 2004 el fiscal “personado” en el caso solicitó al Juez de Letras Seccional de Tela que ordenara la captura de dicho sargento de la Policía por “suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y coacciones en perjuicio de la administración pública”.

Según testigos, al sargento Ismael Perdomo se le vio reunido con el Coronel del Ejército Mario Amaya días previos al asesinato de Kawas.

En sus informes la DGIC de las diligencias del caso Kawas consta que «según las declaraciones [recabadas] el sargento Ismael Perdomo es el principal sospechoso de ese hecho, ya que éste siempre trató de ocultar a los que asesinaron a la señora Kawas. Un testigo menciona que el Sargento Ismael Perdomo, cuando capturaron a los sospechosos de Lombardía, […] andaba en el vehículo del Coronel Amaya, y que después del hecho lo miró varias veces juntos en el vehículo Toyota color blanco doble cabina del coronel”; por lo que se solicitó a “la fiscalía girar orden de captura contra el sargento Ismael Perdomo, ya que […] se maneja como la persona que planeo el asesinato”.

La CIDH consideró evidente que la investigación iniciada por la muerte de la señora Kawas Fernández no presentó características de complejidad. Se trata de una sola víctima claramente identificada, y desde el inicio de la investigación surgieron indicios sobre la autoría del crimen.

Mario «el tigre» Amaya falleció el 6 de diciembre de 2014 por un paro respiratorio, según lo expresan los obituarios de la prensa nacional en donde se le menciona como «el último caudillo reformista de las Fuerzas Armadas de Honduras» por haber impulsado una serie de reformas al interior de la institución militar en los años ochenta y enfrentar al entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez.

En ningún lugar de la prensa de ese día se vincula al «Tigre» Amaya con el asesinato de Kawas. Al parecer y según lo dice el COFADEH en su libro Erguidos como pinos: Memoria sobre la construcción de la conciencia ambientalista (Editorial Guaymuras, 2006), el coronel Amaya era tenía propiedades dentro del Parque Nacional Punta Sal, de donde extrajo madera que produjo sedimento en el río San Antonio y Jeannette Kawas estaba solicitando la protección del parque y un dictamen ambiental de los daños al momento de su muerte.

Acerca de El Pulso

Propósito: Somos un equipo de investigación periodística, que nace por la necesidad de generar un espacio que impulse la opinión sobre los temas torales de la política, economía y la cultura hondureña. Estamos comprometidos con el derecho que la gente tiene de estar verdaderamente informada.

Derechos Reservados 2019-2021