La llegada de la MACCIH a Honduras se dio única y exclusivamente por la preocupación de un numeroso sector social por el financiamiento de las campañas políticas, tras el escándalo del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se comprobó que fondos del sistema de salud llegaron a campañas de políticos en todos los niveles, pero particularmente a la campaña del actual presidente de la república, Juan Orlando Hernández. La propuesta que abanderó la MACCIH como respuesta a esta problemática fue la estructuración y, en mayor parte, el consenso entre varios proyectos de ley (uno proveniente del ejecutivo tras su fallido cabildeo por la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción sin la mediación de actores externos; otro de la autoría del diputado del Partido Unificación Democrática, Edwin Pavón; otra propuesta proveniente del Tribunal Supremo Electoral; y otra propuesta desarrollada por los equipos de la MACCIH) que abordaban una auditoría previa y posterior, extensa y comprensiva de las campañas políticas en candidatos de todos los sectores. El encargado que la MACCIH designó para llevar a término este consenso fue el consultor internacional en temas electorales, el doctor Jacobo Domínguez, de nacionalidad mexicana.
Desde el primer momento, Domínguez recalcó que a la MACCIH no le interesaba el entramado político del país alrededor de la Ley de Política Limpia, es decir, la demanda por reformas electorales, el control casi total que tiene un solo partido de los poderes del estado y las alianzas -manifiestas o tácitas- que se materializan en el Congreso Nacional. De hecho, a pesar de que desde junio del 2016 el consultor comenzó a reunirse con bastante frecuencia con la Comisión de Asuntos Electorales, que dentro del Congreso Nacional fue la que recibió el mandato de elaborar el dictamen que finalmente se discutiría en el pleno, las visitas de Domínguez a las sesiones del pleno fueron escasas, y mayoritariamente cuando la ocasión se lo demandaba, como en la sesión del 20 de Octubre, donde se terminó de aprobar en su totalidad la Ley de Política Limpia. Los diputados que forman parte de la Comisión de Asuntos Electorales son, como presidente, José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal; Antonio César Rivera Callejas como vicepresidente, del Partido Nacional; María Aracely Leiva, del Partido Liberal; Augusto Cruz Asensio, del Partido VAMOS; Edwin Pavón, del Partido Unificación Democrática; Doris Gutiérrez, del PINU-SD; David Reyes, del Partido Anticorrupción; y Fany Valladares, del Partido Libertad y Refundación. Dentro del cronograma de la MACCIH, esta ley debía estar aprobándose o ya aprobada el 11 de septiembre del 2016.
El primero de septiembre, con la celebración de un foro de socialización de la Ley de Política Limpia, quedó claro que el dictamen de la misma ya estaba prácticamente finalizado, pero que no entraba al pleno del Congreso Nacional porque aún habían puntos que faltaba resolver sobre el asunto de los techos de las campañas políticas, que eran las posiciones de la diputada Doris Gutiérrez y el diputado David Reyes. Sin embargo, en las sesiones del pleno y en medios de comunicación, diputado y representantes del Partido Libertad y Refundación, apoyados por representantes del PAC y también por la diputada del PINU Doris Gutiérrez, incluyeron dentro de la temática las reformas electorales, amenazando con que la Ley de Política Limpia no podía ser aprobada de no llegar a acuerdos en ese aspecto. Estas presiones desembocaron en una serie de reuniones que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, concertó para recibir las propuestas de los diferentes partidos políticos, pero como se trataba de un tema enteramente político y que no tocaba la ley en cuestión, el encargado de la MACCIH no estuvo presente en dichas reuniones.
¿Qué fue lo que ocurrió en esta serie de encuentros con los partidos políticos? Es evidente que la mayor parte de las demandas que realizaron los representantes de los diferentes institutos políticos -incluso aquellos sin diputados en el Congreso Nacional- no se iban a poder cumplir. Sin embargo, es importante notar que tras estas reuniones la resistencia a aprobar el dictamen de la Ley de Política Limpia se desinfló, particularmente en el Partido Libertad y Refundación, que fuera muy tajante en el ámbito mediático respecto al funcionamiento de la ley. Otro de los cambios importantes tras esas reuniones fue la modificación del dictamen, especialmente en el asunto de los designados a la Unidad de Política Limpia, que según establece la ley es la llamada a aplicar la misma. Desde el principio, la MACCIH insistió en que fuese solamente un director el que estuviese al frente de esta unidad; sin embargo, pasadas estas reuniones y durante la discusión en el pleno se reveló que serían tres comisionados los que se encargarían de la unidad, revelando, primero, que estas tres personas podrían responder a intereses de tres partidos diferentes, y segundo, que el encargado de llevar a término este proyecto, Jacobo Domínguez, estaba o enterado de este cambio en el dictamen, o se estaba recién enterando pero sin mayor conflicto.
Tras la aprobación de la ley, fue interesante notar que la semana siguiente fue presentado por el diputado suplente Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación, el proyecto de ley para ampliar los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral para incluir la representación de su partido en ese organismo, proyecto que fue recibido y aprobado esa misma semana. A la siguiente semana, se llevó a cabo la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, en un proceso altamente cuestionado por la sociedad civil, donde no fue secreto para nadie que el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación se repartieron los tres magistrados. No hace falta ser un experto en política para darse cuenta que esto era en cumplimiento de lo que se acordó en las negociaciones políticas, y lamentablemente, salvo la sociedad civil y algunos diputados del congreso, nadie dijo nada.
El proceso para la elección de los tres comisionados de la Unidad de Política Limpia comenzó hasta este año, tras denuncias de irregularidades y cambios en el dictamen final que se envió al Diario Oficial La Gaceta, que fueron resueltas a través de una Fe de Erratas que retrasó la entrada en vigencia de la Ley de Política Limpia. En este sentido, cabe destacar que el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José Alfredo Saavedra, fungió también como presidente de la comisión de estilo, lo que significa que si alguien es responsable de los cambios a la Ley de Política Limpia es, precisamente, el diputado Saavedra. El 19 de abril del presente año se realizó una reunión con miembros de la sociedad civil para socializar el cronograma propuesto para la elección de los comisionados, donde se propusieron, a través del representante de la ASJ y Transparencia Internacional, Léster Ramírez, y enriquecidas con las participaciones de todas las organizaciones y grupos asistentes, cinco condiciones mínimas de transparencia para garantizar el éxito del proceso, que eran: Participación ciudadana y de medios de comunicación, Transparencia en la información de los y las candidatos (as), Transparencia en el proceso, métodos y herramientas de evaluación, Transparencia en los resultados de las evaluaciones y Transparencia en las actuaciones del Congreso Nacional.
El proceso que se desarrolló, a pesar de las exigencias de la sociedad civil y el mismo mandato de la MACCIH, terminó siendo una réplica del proceso desarrollado para la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Sin un acceso permanente para la prensa, con reclamos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción, con procesos burocráticos para la participación y evaluación de los candidatos en las audiencias públicas y sin garantías de que las interrogantes que se enviaron a la comisión fueron las que eventualmente fueron respondidas.
Este martes se espera que en la sesión del pleno del Congreso Nacional se elijan los 9 candidatos finalistas, cuyos nombres tendrían que haber sido anunciados desde antes bajo las condiciones de transparencia propuestas por la sociedad civil. Tras el anuncio de los 9 finalistas, se votará en el pleno para elegir a los 3 comisionados de la Unidad de Política Limpia, que pasada ya la declaratoria de las elecciones generales por parte del Tribunal Supremo Electoral aún no tiene cabeza, ni presupuesto, ni personal alguno para realizar su labor.