Por Óscar Esquivel
El 26 de noviembre recién pasado, la mayoría del pueblo hondureño salió a ejercer su derecho de elegir ciudadanos a cargos de elección popular. Las elecciones han sido inéditas en el país, ya que el presidente Juan Orlando Hernández desde el poder ha buscado su reelección aún cuando esta es prohibida por la constitución de la república, que en su artículo 239 dice: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser Presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos…”.
Cada 4 años, los hondureños salimos religiosamente a votar. Sin embargo, el reciente proceso electoral se diferencia por ser una votación masiva, venciendo el abstencionismo. La población ha salido a decir no a la reelección, ha dicho no más abusos; ha dicho no más pobreza, queremos salud y educación; no más endeudamiento interno y externo. Han salido a decir queremos inversión, precios accesibles a la canasta básica; no más privatización de las empresas estatales; queremos mayor seguridad, más generación de empleos. Han dicho queremos independencia en los poderes del Estado; han pronunciado, queremos justicia; no más entrega de la Soberanía Nacional.
El pueblo ha elegido a Salvador Nasralla para que gobierne el país por los próximos 4 años. El pueblo ha vencido desde sus limitaciones a Juan Orlando que ostenta el poder político, económico y militar.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, representante de los intereses del dictador Hernández, no ha respetado la voluntad del pueblo, expresada en las urnas. Eran las primeras horas del día domingo, cuando el dictador decía, “esto se termina hasta que se termina,” reconociendo entre líneas que había perdido, pero que se las iba a robar. En las elecciones pasadas, la hora del cierre de las urnas se prolonga por una hora más, pero en estas elecciones no ocurrió de esta manera, cerrando a las 4 de la tarde. Los magistrados del órgano electoral dan la declaratoria del ganador presidencial 3 horas después del cierre de las urnas; en esta ocasión no fue así. Producto de la presión, dan una tendencia el lunes por la madrugada a favor de Salvador Nasralla, con una diferencia de casi 5 puntos. Sin embargo, no lo declaran ganador, justificando que aún hay actas que no han llegado y que hasta el jueves darán un resultado final, dando el tiempo necesario para realizar los ajustes a favor de Hernández. Marco Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE, declara que el sistema se ha caído por 5 horas y que no hay ninguna justificación para que eso ocurra, ya que se han invertido millones de lempiras para evitar esos errores. Ocurriendo lo que ya sabemos todos cuando se va el sistema, aparece como ganador el abanderado de la reelección ilegal. Y es así como se consuma el robo descarado contra la voluntad del pueblo hondureño.
¿Cómo reaccionará el pueblo ante ese robo descarado?
El artículo 3 de la constitución de la Republica da luz verde a la insurrección en el país: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen.”
“¡Sólo el pueblo salva al pueblo!”