El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, miembros de El Comercio de Ecuador, que habían sido secuestrados el 26 de marzo han sido asesinados, así lo confirma Lenin Moreno presidente de Ecuador mediante Twitter:
Con profundo pesar lamento informar que se confirma el asesinato de nuestros compatriotas. He dispuesto acciones inmediatas. El
país está de luto. Sepamos respetar el dolor de nuestros hermanos. Ahora es tiempo de estar unidos. #UnidosPorLaPaz— Lenín Moreno (@Lenin) April 13, 2018
Añadió que se reiniciarían las operaciones militares en la zona fronteriza con Colombia además de enviar una autoridad de la iglesia para servir como la parte mediadora en el rescate de los cuerpos.
Los asesinados fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia cuando realizaban un reportaje para el diario El Comercio sobre la creciente inseguridad en la zona desde enero. El gobierno de Ecuador ha ofrecido una recompensa por información que lleve a la captura de Walter Arízala de nacionalidad ecuatoriana alias Guacho, líder de un grupo disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que ahora se dedican a actividades del narcotráfico en la zona. Estos grupos no se acogieron al proceso de paz.
Moreno había dado un plazo de doce horas el jueves para que los secuestradores presentaran una prueba de vida de los periodistas y el conductor al hacer públicas en RCN canal colombiano una serie de fotografías que serían de los secuestrados:
«Más allá de los esfuerzos realizados se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos, es muy probable (…) que lo único que hayan querido es ganar tiempo».
Expresó el presidente Moreno visiblemente consternado por la noticia. El miércoles circuló un comunicado atribuido al frente Oliver Sinisterra comandado por alias Guacho, en que aseguraban el asesinato de los secuestrados. Hacía solo una semana habían filtrado un video como prueba de vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares a favor de la víctimas.