Una práctica muy común en el mundo moderno, que vuelve difusas las fronteras entre el poder político y el poder económico. Altos ejecutivos que pasan a ser Ministros, Ministros que pasan a directores de empresas transnacionales, es un fenómenos que debe llamarnos la atención, pues al final es a todos que nos afecta.
Por Garay, Ane / Observatorio de multinacionales en América Latina
En el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Estos movimientos se producen en un sentido y en otro, es decir, desde las instituciones públicas a las EMPRESAS TRANSNACIONALES y viceversa. Y se están produciendo de forma creciente a nivel local, nacional y supranacional, constituyendo una muestra más de lo difusa que es la línea que separa el poder político y el poder económico.
Las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas o que ejercen en LOBBIES industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas. A menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado desde el ámbito empresarial. De la misma manera, altos cargos políticos y técnicos de las instituciones públicas, en numerosas ocasiones, pasan a desempeñar puestos clave en las grandes corporaciones y los grupos de influencia empresariales, llevándose consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito de la administración.
El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta redundancia de los beneficios empresariales en el conjunto de la población. En el actual contexto de crisis se sostiene, además, sobre el discurso que defiende la tecnocracia, es decir, el ejercicio del gobierno al modo de una gestión de recursos según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad.
Conflicto de intereses
Este fenómeno provoca evidentes conflictos de intereses. Por un lado, se dan situaciones en las que los intereses privados de un alto cargo de la administración afectan a sus responsabilidades y tareas como parte del cuerpo público. Por otro, se produce la identificación de los intereses públicos con los de las grandes transnacionales, lo que conduce a políticas que favorecen el poder de estas corporaciones.
Por citar un ejemplo: en el Estado español, sendas reuniones mantenidas en 2010 y 2011 por el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con dirigentes de las grandes multinacionales y la banca —Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Aguas de Barcelona, Abengoa, Amadeus o Acerinox, entre otras, así como con representantes de la patronal— dieron lugar a la reforma de las pensiones y a la adhesión al Pacto Europeo de Competitividad, que, junto a otras medidas, eleva la limitación del déficit público a rango constitucional. Asimismo, empresarios y banqueros de todo el país mantuvieron encuentros con Mariano Rajoy durante su candidatura a la presidencia del gobierno para plantearle sus demandas frente a la crisis; demandas como las reformas laboral y fiscal, los recortes del gasto público y la agilización de la INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas españolas, que después se han convertido en las medidas que está desarrollando el nuevo ejecutivo y que, una vez más, colocan a las transnacionales en una posición privilegiada.
Son innumerables los casos en que un cargo público ha hecho uso de su posición para defender y desarrollar políticas que favorecen a un sector empresarial al que ha accedido una vez ha abandonado su cargo en la administración, atravesando de este modo las puertas giratorias. En el Estado español, José María Aznar y Felipe González, mandatarios de los gobiernos que privatizaron las empresas públicas españolas Endesa y Gas Natural, han obtenido suculentos contratos como asesor y consejero, respectivamente, de estas compañías una vez que se han convertido en transnacionales que dominan el sector energético en América Latina. Otros cargos políticos que han dado el salto al SECTOR PRIVADOcomo consejeros de grandes EMPRESAS TRANSNACIONALES son Manuel Marín (Iberdrola), Pedro Solbes (Barclays y Enel), Rodrigo Rato (Bankia), Eduardo Zaplana (Telefónica) o Josu Jon Imaz (Petronor, filial de Repsol).
Las puertas giratorias también generan conflictos de intereses cuando un excargo público ejerce su influencia sobre sus antiguos colegas de partido para diseñar políticas que favorezcan a su nuevo cliente o empleador, o utiliza los conocimientos adquiridos en su anterior cargo público en su beneficio. A nivel europeo, existe una potente práctica de LOBBY sobre la Comisión Europea, ejercida precisamente por excomisarios que actualmente trabajan en grupos de influencia de grandes empresas.
El camino opuesto es recorrido por quienes han pasado del SECTOR PRIVADO al público y, una vez situados en instancias públicas de decisión, ponen en marcha políticas favorables a las empresas en las que anteriormente han ocupado puestos relevantes. Dos ejemplos de esta trayectoria han sido Manuel Pizarro, que pasó de ser el presidente de Endesa a diputado del PP, y Cristina Garmendia, que era la dueña de la empresa de salud Asebio —LOBBY de la industria biotecnológica— y de ahí pasó a desempeñar la cartera ministerial de Ciencia e Innovación. En el gobierno presidido por Mariano Rajoy, provienen del sector de la gran empresa los ministros Luis de Guindos (Lehman Brothers), José Ignacio Wert (BBVA) y Pedro Morenés (MBDA).
Todo este movimiento de puertas giratorias que incrementa el poder de las EMPRESAS TRANSNACIONALES también establece mecanismos para mantener el status quo, uno de ellos es la financiación de los partidos políticos. Esta se caracteriza por una enorme opacidad, que permite el intercambio de favores entre ambos espacios; tal es el caso de la condonación de deudas: por ejemplo, el Banco Santander y la BBK condonaron al PSOE 33 millones de euros de intereses de créditos pendientes en 2006. A pesar de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos para evitar este tipo de casos, el débil control público no es una garantía para su cumplimiento.
Debilidad de la legislación vigente
Existe una regulación de la incompatibilidad entre el desempeño de cargos públicos y privados, así como del tiempo que debe transcurrir desde el cese del desempeño en lo público hasta la incorporación al ámbito del LOBBY empresarial. Sin embargo, la debilidad de la legislación vigente permite que se produzca el fenómeno de puertas giratorias. En el contexto español, la ley establece un período mínimo de dos años de abstención del ejercicio de actividad privada previa a la asunción de altos cargos públicos, y también de un par de años en el caso de cargos públicos que, tras su cese, vayan a «desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado». No se considera incompatible la reincorporación de ex altos cargos a las empresas en las que ejercieron antes de su desempeño público, siempre y cuando fueran a detentar puestos «no directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a este». Dicha regulación, sin embargo, es lo suficientemente laxa como para permitir que la exministra de Economía y ex vicepresidenta Elena Salgado asumiera en 2012 un puesto como consejera de la filial chilena de Endesa solo tres meses después de abandonar su cargo en el gobierno.
Fruto de una importante campaña de denuncia, en el ámbito de la Unión Europea fue enmendando en 2011 un código de conducta que establece un período de abstención de tan solo 18 meses para que exmiembros de la Comisión Europea puedan incorporarse a cargos de LOBBY. Esta norma se aplicará exclusivamente en aquellos casos en los que el grupo de influencia en cuestión trabaje directamente sobre la misma área de interés en el que fue desempeñado el cargo de comisario.
El fenómeno de puertas giratorias plantea importantes problemas para la democracia representativa, puesto que genera serios conflictos de intereses entre los objetivos que debe perseguir una instancia pública y democrática y los de una gran empresa multinacional, cuyo único objetivo es la maximización del beneficio.
BIBLIOGRAFÍA:
- ALTER-EU (2011): Revolving door provides privileged access. Why the European Commission needs a stricter code of conduct, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, Bruselas.
- ALTER-EU (2012): Who’s driving the agenda at DG Enterprise and Industry? The dominance of corporate lobbyists in DG Enterprise’s expert groups, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, Bruselas.
- MORICHE, J. F. (2012): Puertas giratorias, ATTAC, Madrid.
- VERGER, A. (2003): El sutil poder de las transnacionales. Lógica, funcionamiento e impacto de las grandes empresas en un mundo globalizado, Icaria, Barcelona.