Anastasia Moloney / Fundación Thomson Reuters
Dos represas construidas en Guatemala han dañado el medio ambiente y las comunidades locales, según una queja formal de grupos de derechos humanos y líderes indígenas que instaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a retirar el financiamiento.
La denuncia presentada el lunes alega que la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom II y San Andrés, financiadas en parte por $13 millones del BID, ha contaminado las fuentes de agua de cientos de mayas indígenas en el norte de la provincia de Huehuetenango.
«Estas comunidades dependen del agua para su sustento», dijo Liliana Avila, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), con sede en los Estados Unidos, uno de los grupos que presentaron la queja.
«La construcción de las presas ha contaminado los ríos, ha perjudicado la capacidad de las comunidades para pescar y cultivar y mantener sus tradiciones», dijo por teléfono.
La queja fue presentada al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), un organismo independiente de rendición de cuentas del BID, el prestamista multilateral con sede en Washington, DC.
«No comentamos ninguna queja presentada o investigaciones en curso», dijo un vocero del BID, que financia proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe.
Junto con AIDA, la queja fue presentada por la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, un grupo de organizaciones de derechos de los Países Bajos, Suiza y América Central, y líderes indígenas.
Los grupos dijeron que el agua contaminada de las represas ha causado problemas de salud entre los niños, incluyendo erupciones cutáneas y diarrea.
La queja, vista por la Fundación Thomson Reuters, dice que las comunidades que viven en la región de Ixquisis en Huehuetenango no fueron debidamente consultadas sobre los proyectos y sus riesgos.
Ávila dijo que los proyectos violan las propias reglas del BID, «particularmente sus políticas sobre medio ambiente y sostenibilidad, pueblos indígenas, género y divulgación de información».
La gente en Ixquisis ha protestado contra las represas desde 2014, y ha habido casi 100 ataques y amenazas contra ellos documentados desde entonces, dijo la denuncia.
La presa Pojom II es operada por Generadora San Mateo S.A, mientras que San Andrés está dirigida por Generadora San Andrés S.A., ambas son subsidiarias de la empresa privada Promoción y Desarrollos Hidricos S.A., según la denuncia.
Las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de represas adyacentes han sido aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala.
Ávila dijo que esperaba que el mecanismo de rendición de cuentas del BID decidiera dentro de un mes aceptar la denuncia y comenzar una investigación.