Al tiempo que las ONG nicaragüenses y las organizaciones de derechos humanos se enfrentan al peso de una represión gubernamental contra los manifestantes y un esfuerzo más amplio para silenciar las voces disidentes. Ayer, un panel independiente de investigadores comisionados por el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó al gobierno nicaragüense a brindarles pleno acceso a los documentos relacionados con la violencia ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua.
El panel, conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respalda las investigaciones actuales, revisa los registros y entrevista a testigos sobre los abusos contra los derechos humanos que han dejado más de 300 muertos desde el 18 de abril, según a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Si el gobierno nicaragüense habla en serio sobre la justicia y el respeto de los derechos humanos, debería cooperar con el panel de expertos», dijo Geoff Thale, Vicepresidente de Programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una investigación y organización de defensa que promueve los derechos humanos en las Américas. «Los cuatro miembros del panel de investigación son especialistas imparciales, internacionalmente respetados en derechos humanos y derecho internacional. El gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar; si ese es el caso, debería estar trabajando activamente con el panel, sin detener o negar las solicitudes de información «.
En un comunicado de prensa, el GIEI dijo que se habían reunido dos veces con autoridades gubernamentales nicaragüenses para solicitar el acceso oportuno e incondicional a los archivos del caso de aquellos que han sido asesinados o detenidos durante los disturbios. También dijeron que no se les había proporcionado información sobre ningún plan de reparación del gobierno para las víctimas de la violencia.
«El panel de expertos fue creado con el consentimiento del gobierno de Nicaragua para garantizar la verdad y la justicia a quienes han sufrido muertes, actos de tortura o detenciones ilegales desde el 18 de abril. El gobierno de Ortega debe cumplir con sus compromisos internacionales y dar el panel del acceso que necesitan para hacer su trabajo «, dijo Thale.
Por su parte el gobierno del presidente de Nicaragua acusó el sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manipular información sobre la crisis política en el país.
La Cancillería de Nicaragua publicó un documento al que llamaron «Informe Evaluativo sobre la Actuación Parcializada y Politizada de la CIDH en Nicaragua», que se enfoca en la visita realizada por una delegación de la Comisión a ese país centroamericano, del 17 a 21 de mayo, para observar la situación de los derechos humanos en el país con respecto a las protestas que iniciaron en abril.
Según el diario local La Prensa, los expertos de la misión de la OEA solicitaron a las autoridades, desde el primer día que ingresaron al país, una serie de información, entre ellos copia y acceso a los expedientes de investigación del Ministerio Público y acceso a las audiencias orales para poder cubrir.
“Hasta ahora no hemos recibido respuesta formal a esa solicitud, solamente en algunas reuniones hemos recibido alguna respuesta formal”, dijo Pablo Parenti, tras señalar que lo que les han alegado es que están en proceso.
No obstante, en una nota de prensa con fecha del 14 de agosto, en su sitio web el poder judicial alega que el GIEI no ha solicitado el acceso a las audiencias, lo que debe hacer a través de la Cancillería —que es el Canal entre ambas partes—, como sucedió con la audiencia a los procesados por el crimen contra el periodista Ángel Gahona, el pasado martes. Los expertos aclararon que el GIEI no investiga sino que quienes lo hacen son las autoridades de Nicaragua, por lo que en este tiempo lo que han hecho es entrevistar a familiares de las víctimas de ese período, porque les han expresado su deseo de hablar con ellos.