Tristan Clavel | InSight Crime
Revelaciones surgidas en un caso judicial por narcotráfico en Nueva York ilustran el alcance de la colusión policial con grupos criminales en Honduras, incluyendo el asesinato de rivales y la protección de cargamentos de drogas.
La información se conoció en el caso contra Carlos Alberto Valladares Zúñiga, exoficial de policía hondureño, quien enfrenta una condena en el Distrito Sur de Nueva York.
Como parte de la acusación, el fiscal asistente estadounidense Emil Bove afirmó que Valladares —quien se desempeñaba como comandante regional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en San Pedro Sula— cometió homicidio para Los Cachiros, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país, según información de La Prensa.
“La conducta del acusado no se limitó a ayudar a transportar narcóticos o proporcionar información a los narcotraficantes”, escribió Bove el 10 de septiembre en una carta dirigida al juez del caso. “El acusado participó en varios asesinatos para promover la conspiración del narcotráfico”.
En una ocasión, en octubre de 2011, Valladares montó un escuadrón de exterminio conformado en parte por agentes de policía para asesinar al rival de Los Cachiros conocido como “El Sapo”. El expolicía hondureño condujo al entonces jefe de Los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga “para que presenciara un ataque masivo a narcotraficantes rivales”, dice la carta de Bove.
En una escena que parece tomada de una película de Hollywood, tras llegar al lugar del ataque, ambos hombres observaron desde una distancia segura mientras un tiroteo dejaba seis muertos.
“Vas a escuchar cómo es la guerra”, comentó Valladares a Rivera Maradiaga, según la información de La Prensa.
Valladares, quien se declaró culpable en mayo de 2018 y admitió que había conspirado con Los Cachiros por casi una década, también reclutó entre ocho y diez comisarios de policía para la banda, según El Heraldo. Al estar en la nómina de Los Cachiros, estos comisarios estaban encargados de garantizar el paso seguro de los cargamentos de drogas.
Valladares es uno de varios exagentes de policía hondureños que enfrentan acusaciones de Estados Unidos a raíz del testimonio de Rivera Maradiaga, cuya cooperación con la DEA ha sacudido a las élites hondureñas y llevó a la cárcel al hijo del expresidente Porfirio Lobo.
El mes pasado, en una carta dirigida al tribunal, el defensor de Valladares admitió que su cliente “cometió el terrible error de hacer favores a las personas que controlaban el tráfico de drogas con la ayuda activa del gobierno de Honduras”.
Pero el fiscal sostuvo que “no hay vuelta atrás” una vez se comete el error inicial, y pidió una sentencia inferior a cinco años, en lugar de los 14 a 17 años y medio que había recomendado el fiscal Bove.
“Es claro que si no seguía trabajando con Leonel Rivera y sus secuaces, habría sido considerado un riesgo para la seguridad y lo hubieran asesinado”, dice la carta del abogado defensor.
Análisis de InSight Crime
La magnitud de la corrupción revelada en la carta de Bove y el caso, en general, son impactantes. Al usar incluso a los más altos rangos de la Policía nacional como fondos de reclutamiento para ejecutar el trabajo sucio de Los Cachiros, Valladares ilustra lo que puede considerarse el grado más extremo posible de colusión entre la policía y el crimen organizado.
El de Valladares no es un caso aislado. En 2014, el gobierno cerró toda la DNIC y suspendió a sus 1.400 empleados por sospechas de colusión con grupos criminales.
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La corrupción de esos alcances no ha desaparecido en los últimos años. Una comisión especial ha sacado a más de 5.000 agentes de policía desde 2016, muchos por sospechas de corrupción.
Omar Rivera, director de la comisión, comentó hace poco a InSight Crime que los nexos de la policía con el crimen organizado en el país estaban “institucionalizados históricamente”. Rivera les dio el nombre de “relación fraterna”.
Pese a la gravedad de la situación, parece no existir la voluntad política necesaria para enfrentar la corrupción de manera perdurable. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández había prometido poner fin al problema en su campaña de 2017, pero su cuestionada reelección limitó su capital político. Más aún, el mismo hermano de Hernández ha resultado implicado las declaraciones rendidas por Rivera Maradiaga en la corte.
