La exoneración fiscal es un incentivo económico por parte del Estado con el objetivo de generar y beneficiar la producción; también es la renuncia del gobierno a cobrar impuestos sobre determinadas actividades con el objetivo de incentivar la generación de inversión y empleo, así como respaldar políticas económicas o sociales, en síntesis es un sacrificio del gobierno y el pueblo hace, en aras del progreso, en teoría.
Sacrificio Fiscales, son los recursos monetarios que deja de percibir el Estado por los beneficios fiscales otorgados a las personas naturales y jurídicas, mediante Decretos, Leyes Generales y Leyes Especiales, y que implican la liberación parcial o total del pago de cualquier tipo de impuesto, tributos, gravámenes, contribuciones, tasas o sobretasas.
En Honduras las exoneraciones fiscales representan más de 35 mil millones, o sea el 6% del producto interno bruto (PIB) y se pronostica que el gobierno dejará de percibir este año 36 millones de Lempiras debido al gasto fiscal que significan las exoneraciones. El sacrificio por el progreso se siguen otorgando ya no solamente a empresas que generan empleo sino a las que realizan actividades consideradas filantrópicas, según Raf Flores, subcoordinador del Foro Social de Deuda Externa (Fosdeh), es “algo adicional a lo que originalmente se hablaba de hacer donaciones en actividades que se consideran sociales y tienen por lo tanto también crédito fiscal”.
Para las empresas -algunas- una nueva forma de rebajar dinero, ahorrarlo o tener créditos fiscales es hacer campañas de recaudación de dinero bajo la forma de donación de los clientes, el redondeo de las monedas en ciertos negocios o donar el billete de menor denominación, en algunos ni siquiera le es consultado al cliente si quiere donar, simplemente lo agregan a la factura.
El cliente pocas veces conoce el destino de ese dinero que se supone termina en obras sociales patrocinadas por una empresa bajo la justificación de ser parte de la responsabilidad social empresarial, pero sin que el cliente que compró y donó -voluntariamente o no- tenga un beneficio igual al de la empresa. Raf Flores afirma que en la factura de compra se le debería de detallar al cliente el montó de su donación para así poder tener ese ahorro en el pago de sus impuestos, un crédito fiscal a su favor. El sacrificio del gobierno en pro de la población.
Desde 1970 se practica la política de exoneraciones. El reglamento de la ley de ordenamiento de las finanzas, control de las exoneraciones y medidas antievación define 19 conceptos para la aplicabilidad de la medida.
Rocio Tabora, ministra de la secretaria de finanzas, dijo en junio que habían identificado un número -indeterminado- de empresas que gozan de las exoneraciones y que no están generando ningún beneficio al país. También anunció la elaboración de un plan de revisión de las exoneraciones fiscales que se concretó en la plataforma administradora de módulos de exoneraciones de Honduras (Pemah) que ya cuenta con un registro de unas 1,500 personas jurídicas registradas.
“La exoneración en sí misma no es mala, pero tiene que ser a cambio de algo y por eso es que estamos dándole un último retoque a ese plan de revisión de exoneraciones que en su momento daremos a conocer.”
Rocio Tabora
Hugo Noe Pino también es de la opinión que debe haber una regulación a las exoneraciones porque se otorgan sin un análisis previo del costo-beneficio, y procesos en los que no hay racionalidad porque intervienen intereses políticos, eso impide que existan parámetros o criterios técnicos.
¿Cómo funcionan las exoneraciones?
Raf Flores, subcoordinador del Foro Social de Deuda Externa afirma, que ahora las fundaciones son una moda y que funcionan bajo el esquema de responsabilidad social empresarial recaudando fondos de terceros para obras sociales, por ejemplo cuando en algunos negocios le piden donar las monedas o redondear el cambio (vuelto) para apoyar obras sociales como la construcción de escuelas o mantener programas sociales, eso es en esencia el principio de responsabilidad social empresarial, pero por esas construcciones o donaciones la empresa donante recibe un crédito fiscal que se rebaja del pago de los impuestos:
“Cuando piden a los clientes donar cierta cantidad o las empresas realizan ciertas actividades con fines filantrópicos lo presentan como deducible de impuestos y así están ahorrando. Muchas de las empresas grandes tienen especialistas para este tipo de cuestiones, ellos hacen los cálculos de las donaciones y los montos que se rebajan del pago de impuestos superior al de la donación.”
Esto debería despertar una alarma porque -dice Flores- “no aparece claramente reportado cuánto es el crédito fiscal por ese tipo de actividades, que es adicional a las exoneraciones fiscales que tienen las empresas por hacer ciertas actividades y regulado por ciertas leyes que establecen los niveles de exoneraciones, al final es una ganar ganar de las empresas”
Según un estudio del Fosdeh hecho en el periodo 2001 al 2007, se pedía una revisión de las políticas fiscales del país no solo por el sacrificio fiscal del gobierno sino por el incumplimiento constitucional de que todos somos iguales.
Ante lo que podría considerarse un paraíso para ciertas empresas que logran exoneraciones fiscales a través de sus fundaciones, el gobierno no tiene un ente regulatorio o de control que establezca las diferencias entre las recaudaciones que son de terceros (del cliente) y las que realiza la empresa en si, en estos casos la empresa aparece como donante único. Siendo los fondos que dona la empresa X de los clientes, deberían ser estos los que obtengan un crédito o fiscal o el ahorro fiscal a la hora de pagar los impuestos: “la empresa es la que aparece reportando la donación no la gente a la que le piden donar, porque en la factura de compra no aparece el monto donado, para que cuando toque declarar tener un crédito fiscal por cierta cantidad.”
También esta estrategia es usada por los holdings de empresas para reducir la totalidad de los impuestos a pagar: “muchas actividades son consideradas del área filantrópica del holding de empresas porque es la que realmente al final si se ve en conjunto todo lo que es el volumen de ingresos y todas las operaciones que tienen y le da un plus adicional, porque tienen un ahorro o un crédito fiscal”, lo que permite transferencias entre las empresas que pertenecen a un grupo para lograr en conjunto disminuciones de impuestos por actividades filantrópica.
¿Se puede defraudar al fisco con fundaciones?
Sí, porque no hay supervisión. En muchos lugares lo que han hecho es simplificar todo el proceso de la parte tributaria disminuyendo la cantidad de impuestos porque en la medida que se tengan tantos impuestos, algunos pequeños es más el costo administrativo que lo que realmente se recauda; en otros lados han simplificado que solo ciertos tipos de impuestos, los que más generan y por lo tanto se concentran, y probablemente la recaudación sea mayor que tener ese montón de pequeños impuestos, que al final lo que generan son procesos de corrupción en la tramitología. Finalmente no hay un estimulo para establecer cierto tipo de actividades económicas que puedan dinamizar la economía más bien la entorpecen.
¿Quién debería de dar un informe del control de las inversiones que las fundaciones hacen?
Se supone que hay todo un mecanismo para llegar a obtener la personería jurídica para poder operar, porque sino operarían de manera ilegal, en este sentido debe se haber una estrecha colaboración entre quién recauda impuestos a escala nacional con las municipalidades para que haya un intercambio de información.
Mucho se habla de que la recaudación de impuestos fue tanto, pero se olvidan de los impuestos municipales, por ejemplo en Tegucigalpa, vista en el conjunto nacional, genera un poco más del 80 por ciento de los impuestos nacionales recaudados por el Estado. En cambio en el departamento de Cortés, en donde hay mayor actividad económica, es menor la recaudación porque allá están concentradas muchas de las exoneraciones.
¿Se conoce cuáles son las fundaciones en particular?
Deberían de conocerse, porque sino estarían operando ilegalmente y el capital también debe de aparecer registrado. Debe haber una vinculación clara entre las alcaldías y la recaudadora de impuestos nacional, porque no lo mantienen bajo un colchón sino que lo operan a través de bancos.