Ciudad de Guatemala. Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala llegó a su fin con el cierre de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en el 2015 del entonces presidente Otto Pérez.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta el 2021.
Morales, quien antes elogiaba el trabajo de Cicig, llegó a señalarla de ser una amenaza a la paz del país y prohibió el regreso de su jefe, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.
El presidente electo Alejandro Giammattei, que debe asumir el poder el próximo enero, se negó a pedir la continuidad de la Cicig y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional.
La salida de la Cicig deja una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.
Presiones oscuras
Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, dijo que la salida de la Cicig responde a “presiones de los sectores oscuros”, aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.
“Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos”.
La Cicig llevó al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros señalados de corrupción, incluyendo la ex primera dama Sandra Torres, detenida y enviada a prisión el lunes por un caso de financiamiento electoral irregular.
Morales llegó al poder enarbolando las banderas anticorrupción, pero en agosto del 2017, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar sus fueros al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña. El Congreso evitó despojarlo de inmunidad.
Un año antes, una investigación de la fiscalía y la Cicig llevó al arresto de un hermano y un hijo de Morales por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado.
La Cicig desmanteló 70 estructuras criminales, llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.