El abogado penalista y asesor del Congreso Nacional, en el programa Cuarto Poder, Hermes Ramírez, detalló los aspectos positivos del Nuevo Código Penal en Honduras y expresó que la mala fama que se le ha hecho a esta normativa se debe a una campaña de desinformación.
Ramírez manifestó que “se ha montado una campaña de desinformación” y no se debe permitir “dejarse llevar por campañas donde solo se lee un párrafo y no todo el artículo”.
Con respecto a los delitos que criminalizan las protestas sociales, Ramírez explicó que el nuevo Código Penal permite la protesta pacífica no así las que provoquen daños materiales o físicos.
“En el marco del ejercicio de las libertades podemos manifestarnos, hacer marchas, lo que el código establece es cuando hay un daño a la propiedad o poner en riesgo la vida de las personas, cuando se realizan acciones que vengan a provocar daños, se castigará como en otros países, pero la protesta pacífica no va a ser castigada”.
En cuanto a los delitos de amenaza, según Ramírez el código establece un tipo de sanción y si lleva amenazas, incluso cuando se vierten por medio de las redes, y la persona se ve afectada entonces se castigará el delito.
Los delitos referentes al tráfico de drogas, Ramírez explicó que no es posible que “jóvenes que por y tres a cuatro farrucos de mariguana están guardando prisión, con el código viejo, cualquiera iba a recibir la pena de 15 a 20 años por andar una mochila que un furgón repleto de mariguana, ahora hay una gradualidad de las penas en cuanto a la cantidad”.
Para los delitos que tienen que ver contra la administración pública siempre se mantienen las penas de prisión, pero de forma gradual, de manera que el monto que fue malversado se tiene que devolver al Estado tres veces o más veces de la cantidad que se apropió, afirmó Ramírez.
“El nuevo código penal en los delitos contra la corrupción trae la colaboración eficaz en el artículo 510 y así poder llevar a las esferas mayores de los que comenten actos de corrupción frente a la justicia. Con eso le dejamos al Ministerio Público que pueda avanzar en los actos de corrupción”.
Para Ramírez la nueva normativa legal solo ha presentado rechazo y desconformidad en 28 artículos que pueden ser reformados una vez entre en vigencia el 25 de junio.
“Hay sectores que están a favor, otros en contra. De los 635 artículos quizás solo 28 a 30 artículos es donde ha existido mayor campo de reflexión social; hay 600 artículos que nadie habla de ellos, pasado la barrera del 25 de junio se podrían realizar reformas a las inconformidades que existan”.
En conclusión, Ramírez señaló que las personas creen que por aumentar las penas acabará la impunidad ya que el problema no radica en el nuevo Código Penal sino en la impunidad que mantiene el país.
“La gente lo que quiere escuchar es que las penas se incrementan, que debemos hacer penas a perpetuidad y eso no nos va a llevar a nada porque la ley penal no se puede utilizar como un instrumento de venganza. Nos ubicamos en los últimos lugares a nivel mundial de administración de justicia, no son las leyes el problema, porque tenemos leyes bonitas, el problema es que no se aplica la justicia”.
El mayor problema del Nuevo Código Penal radica en la falta de consenso y aprobación de muchos sectores que se oponen al mismo al considerarlo un código de impunidad y corrupción, la no socialización a tiempo ha generado un rechazo a su entrada en vigencia lo que podría provocar una nueva convulsión social.
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