TEGUCIGALPA, Honduras
Este martes iniciará el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, considerado por la fiscalía como el autor intelectual del crimen de ambientalista hondureña Berta Cáceres.
Se detalló que la duración del proceso legal será desde mañana 6 hasta el 30 de este mes.
La hija de la extinta dirigente y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga, fue citada para rendir declaración en el juicio contra Castillo.
“He sido citada para ser testigo en el próximo juicio contra David Castillo, uno de los asesinos de mi mami. Ella siempre decía: ‘nadie mejor que nosotras que lo vivimos en la carne puede hablar de nuestras luchas y de lo que hemos sufrido’”, expresó.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), envió muestras de solidaridad a la familia de Cáceres y a los miembros del Copinh, institución en la que la ambientalista levanto la bandera de lucha en pro del medioambiente.
También envió un mensaje de acompañamiento, al pueblo lenca después que ha transcurrido cinco años en que le arrebataron la vida a Cáceres.
“Durante cinco años han librado una batalla por alcanzar justicia en el caso de Berta Cáceres. Inicia el juicio en contra de uno de los coautores de este hecho, que representa una pieza clave que conecta con los actores intelectuales, de un caso que ha movido a muchas organizaciones y a muchas voces alrededor del mundo”, dijo la organización a través de un comunicado.
Una de las representantes de ADES recalcó que ellos se suman a las voces que exigen justicia en el caso de Cáceres y piden al Estado hondureño que cumpla con su deber de brindar justicia a las victimas, para que este hecho no quede bajo el manto de la impunidad.
Cabe recordar que la también dirigente lenca falleció en marzo de 2016 en la occidental ciudad de La Esperanza; el activista social mexicano Gustavo Castro salió ileso del atentado cometido por un grupo de exmilitares.
La justicia condenó en diciembre de 2019 a Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez a una pena de 50 años de prisión; 34 por matar a Cáceres y 16 años por pretender asesinar a Castro.
En tanto, otros de los implicados recibieron una sentencia de 30 años y un séptimo obtuvo una condena de 34 años.
Al momento de su fallecimiento, la ambientalista gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); su muerte se derivó por la defensa del río Gualcarque, donde se edificaba una represa propiedad de Desarrollos Energéticos SA (DESA).
