EL PASO, EE.UU.
Cultivando la tierra, la familia de Michael Surratt ha vivido en la frontera por varias generaciones en Texas. Durante sus 56 años de vida, ha visto cómo los cambios de los diferentes gobiernos en Washington impactan la zona de Estados Unidos que toca con México.
Para el granjero, dueño de una procesadora de nueces, el cambio de gobierno del expresidente republicano Donald Trump al ahora demócrata de Joe Biden, va a influir en el número de personas que llegan a Estados Unidos buscando refugio y protección.
Sin embargo, Surratt cree que, además de “asegurar la frontera” lo que cambiaría el panorama de la zona en la que creció, es una reforma migratoria.
“Necesitamos regular el sistema de migración de Estados Unidos y eso el algo que tiene que hacer el Congreso”, dijo el agricultor a la Voz de América.
Con un cuello de botella en la frontera, en donde la mayoría personas que buscan solicitar asilo—salvo menores no acompañados y algunas unidades familiares—están siendo devueltas bajo una regla de la era Trump conocida como el Título 42, el gobierno Biden se enfrenta a una compleja situación para balancear: pandemia, seguridad fronteriza y trato humanitario.
En febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a más de 100.000 personas en la frontera, un incremento del 28% en comparación con enero.
De ellas, 19.246 eran unidades familiares y casi 9.500 menores no acompañados, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
A medida que las puertas se abren para los aproximadamente 26,000 solicitantes de asilo cuya entrada había sido negada en el gobierno del ex presidente Donald Trump bajo el programa MPP, los defensores de derechos de los migrantes piden que se establezca una solución para las personas que, a día de hoy, continúan esperando por una oportunidad de que sus casos sean escuchados en cortes de inmigración.
“En esa situación, donde no hay otra opción, hay muchos papás que han decidido mandar a sus hijos solitos”, dijo a la VOA Taylor Levy, abogada de migración basada en El Paso que apoya a migrantes y solicitantes de asilo. Argumenta que no tienen manera de ayudar a las personas que fueron devueltas a México bajo el Título 42, porque, según dice, es imposible pedir asilo en la frontera en estos momentos para adultos solteros y algunas unidades familiares, y por eso pidió premura.
Funcionarios de la administración Biden culpan a la anterior administración por haber “desmantelado” el sistema migratorio, dijeron a la VOA Juan González, asistente especial del presidente y el enviado especial para los países del Triángulo Norte y México, Ricardo Zúñiga.
“Heredamos un sistema migratorio dañado por las acciones de la previa administración”, argumentó González. El funcionario explicó que el gobierno ha mantenido en pie el Título 42 para asegurarse que las personas que no son parte de MPP “sean expulsadas” mientras se invierte en “fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a migrantes de un forma digna y legal”.
González dijo respecto a los menores no acompañados que EE. UU. está llevando a cabo un “manejo migratorio en coordinación” con México “para hacerlo de una forma que reconozca los derechos y el respeto digno que merecen los niños y las familias”.
Involucrando a los países del llamado «Triángulo Norte», la estrategia de La Casa Blanca apunta a atacar las causas de raíz de la masiva inmigración. Para ello cuenta con la coordinación de esfuerzos con los gobiernos de la región, como lo explicó a la Voz de América la subsecretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.
Otro de los componentes de esta parte de la estrategia es la participación de organismos multilaterales, que como el Banco Interamericano de Desarrollo, ya adelantan inversiones en ese sentido, aseguró el presidente de la entidad a #másalládelmuro, Mauricio Claver-Carone.
Pero no todos ven en esta estrategia, beneficios en el corto plazo. En entrevista con la VOA, el líder republicano en El Paso, Texas, Ray Baca, aseguró celebró la iniciativa de invertir en la región, pero cuestionó los resultados de la misma en el corto plazo. En cambio, aseguró, los migrantes van a seguir viniendo porque lo que han visto es «an open border, una frontera abierta».
Sumando dificultades al complejo panorama que representa el reto de hallar soluciones sostenibles al fenómeno de la masiva inmigración, está el impacto de la polarización política que enfrenta el país. Y esto, se evidencia en las dificultades de que avance en el Capitolio estadounidense la que se erige como la solución de fondo más impactante al reto: Una profunda reforma inmigratoria.
Entre otros puntos, la propuesta de la administración Biden incluye un camino a la ciudadanía para los más de diez millones de indocumentados y el aumento del número de visas de diversidad y de trabajo.
Simultáneamente, el gobierno Biden planea instalar programas para que las personas puedan pedir refugio desde sus países. De hecho, ya reinstauró uno dedicado a promover la reunificación de menores centroamericanos cuyos padres ya están en el país con documentos, el Programa de Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés.
Sin embargo, el camino para que el proyecto de reforma inmigratoria se convierta en realidad, no es nada fácil. Para que sea aprobado por el Congreso, son necesarios 60 votos. Los demócratas controlan la mitad de los escaños, por lo que necesitarían 10 votos republicanos.
El legislador demócrata Henry Cuéllar, representante en la Cámara de Representantes por Texas, dijo a la VOA que ve “la posibilidad de sacar 60 votos (…) muy difícil” y cree que es más realista pasar proyectos de ley relacionados con la migración de manera individual, como la protección a los Dreamers. En similar dirección se había pronunciado la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, cuando fue presentado el proyecto de ley, refiriéndose a aprobarlo en diferentes etapas.
Frente a uno de los puntos más neurálgicos, el de la seguridad fronteriza, Cuéllar aseguró que si bien se opone a seguir construyendo más kilómetros de muro fronterizo, sí es necesario destinar más “agentes y tecnología para controlar» el paso de personas indocumentadas y la actividad criminal en la frontera, además de trabajar de manera conjunta con los países de origen de la masiva inmigración.
“Podemos jugar defensa en la frontera de Estados Unidos o allá y eso es lo que debemos hacer, trabar con otros países”, dijo el legislador.
Pero posiciones como la del legislador republicano en Texas, Ray Vaca, o la expresada también en entrevista con la VOA por el senador republicano Rick Scott, sobre las medidas que en materia de inmigración ha adoptado la administración Biden durante sus cien primeros días de mandato, no permiten vislumbrar un futuro certero para su iniciativa de reforma inmigratoria.
“Queremos inmigración legal (…) pero los demócratas no quieren arreglar los problemas [de los migrantes]”, aseveró el legislador, culpando además al presidente Biden por la separación de niños de sus padres en la frontera. Frente a ello, el legislador Henry Cuéllar fue enfático en recordar que fue bajo la administración Trump que se instauró la sistemática práctica que vehementemente repudió.
Por eso, aún con mayorías demócratas en ambas cámaras legislativas y con la presión de lograr la aprobación del proyecto de ley mientras el partido demócrata mantenga el dominio en el Capitolio, las divisiones políticas siguen demarcando una ruta que hace prever que #másalládelmuro, una solución sostenible al reto de la masiva inmigración debe seguir en construcción, trascendiendo los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden.