(Por Gilberto Ríos Munguía •) La movilización del 1 de mayo en la capital de Honduras, marcó un reinicio importante de la protesta pública, después del año de confinamientos y prohibiciones que ha mantenido a la población alejada de las manifestaciones de rechazo al gobierno por los embates de la crisis económica y su incapacidad y desinterés con respecto a la pandemia, sumado a los repetidos escándalos de corrupción, con los que han demostrado su indolencia frente al sufrimiento de millones de compatriotas.
Los trabajadores y trabajadores demandaron primero que el Estado de Honduras garantizara la aplicación de la vacuna para toda la población de manera gratuita; no obstante en la región nuestro país es el que peor gestión internacional ha desarrollado para adquirirla. Semanalmente las promesas sobre el programa de inoculación son anunciadas en los medios de comunicación oficialistas, en notas de prensa y conferencias sobre la pandemia; todas mentiras para ganar un poco más de tiempo mientras se calcula que cada 15 minutos muere un ciudadano /a por coronavirus.
A la vez, la crisis económica arrecia contra la población marginada y también contra la clase trabajadora que se encuentra en la negociación del aumento anual del salario mínimo. En los años anteriores y debido a la desmovilización de los gremios, los aumentos no alcanzan la devaluación anual reconocida por el Banco Central y mucho menos el precio de la canasta básica que establece esta institución. El Estado acepta con esas cifras que el valor del salario mínimo apenas alcanza para el 60% del costo de la vida.
En cuanto al empleo las estadísticas son confusas, mientras cifras oficiales sitúan el desempleo alrededor de los 11 puntos porcentuales (aprox. 450 mil), otros datos menos conservadores apuntan a una tasa mayor, esto sin tomar en cuenta la calidad de los trabajos y los derechos laborales reconocidos por el empleador, es decir, las garantías sociales establecidas en la ley y otros derechos a los que el propio trabajador /a, se ve en la obligación de renunciar para al menos tener derecho a la sobre explotación laboral.
Otras pancartas denunciaban los incumplimientos a los contratos colectivos, la tercerización laboral, las limitaciones o parcialización del Ministerio del Trabajo en favor de los sectores patronales y otras violaciones flagrantes a la legislación laboral que se vive en el país, en me-dio de un régimen que reprime violentamente la protesta pública y la movilización popular, al mismo tiempo que criminaliza y persigue dirigentes de la oposición política y social de manera sistemática.
Otras organizaciones populares que acompañan anualmente la movilización del 1 de mayo, como organizaciones de estudiantes, mujeres, feministas, bases de iglesias, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de diverso signo político, entre otras, señalaron la inminente necesidad del cambio de gobierno y la salida de la narco dictadura, la liberación de los Presos políticos, el retorno seguro de todos los exiliados /as con garantías sobre sus derechos huma-nos y el fin de la persecución judicial de los diferentes dirigentes.
Este comienzo de mayo se hizo rompiendo la desmovilización, reagrupando sectores que en la calle han hecho una vida continua de demandas con impactos positivos para toda la población. Si bien en la actualidad hace falta mucho trabajo para despertar nuevamente la conciencia de las grandes masas en favor de la lucha por sus derechos políticos y sociales, se ha reconquistado la presencia de los trabajadores y trabajadoras en la lucha por sus reivindicaciones más elementales, como las de su sueños más sublimes como los de ver una patria libre con justicia social.
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación.