TEGUCIGALPA, Honduras
Solo uno de 133 implicados en casos de corrupción presentados por la fenecida MACCIH se encuentra en prisión, mientras la mayoría han sido puestos en libertad o con medidas distintas a la prisión, detalló el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
En el foro virtual denominado Así funciona la corrupción y los pactos de impunidad en Honduras, desarrollado por el Cespad, el analista y catedrático universitario, Eugenio Sosa, develó que la mayoría de implicados en casos de corrupción fueron absueltos lo que refleja el pacto de impunidad en el país.
La extinta MACCIH presentó 13 casos de corrupción, entre los principales están: Red de diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Caso Pandora, Narcopolítica, Fraude sobre el Gualcarque, Arca Abierta, Corrupción sobre ruedas, en los cuales se involucra a altos funcionarios por actos ilegales.
En total, la MACCIH acusó a 133 implicados, sin embargo, 63 de estos fueron sobreseídos o absueltos; la justicia otorgó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a 60, de esos, 4 están prófugos, 2 fallecieron y 2 están condenados en EE.UU. por delitos relacionados con la narcoactividad.
Para Sosa, 93 por ciento de implicados en corrupción queden en libertad o estén defendiéndose fuera de la prisión, lo que refleja el pacto de impunidad que existe en el país orquestado por las redes de corrupción que iniciaba a exhibir la misión anticorrupción.
Sumado a lo anterior, se llevó a cabo el debilitamiento de las instituciones persecutoras del delito o auditoras de los recursos del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) incluso la propia fiscalía.
Como una estrategia para blindarse, Sosa expuso que las redes de corrupción conformaron una estructura de abogados, jueces y fiscales que fueron utilizados para crear los argumentos jurídicos y así expulsar a la MACCIH y ahora cada recurso legal que presentan a favor de los implicados en actos de corrupción son admitidos.
Hasta septiembre de 2020, el Cespad documentó que unos 937 millones de lempiras se perdieron en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Sosa detalló que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) tiene limitaciones en temas de autonomía e independencia; no tiene línea directa con el fiscal general, su personal es escaso y con poca experiencia, tiene una disminución en temas logísticos y falta incentivos salariales o de seguridad personal en comparación con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) que contaba con el apoyo de la OEA.
“La corrupción persiste a gran escala a pesar que prometieron un sistema anticorrupción y una gran cruzada contra las redes de corrupción y eso no funcionó Uferco quedó como la gran esperanza, pero no tiene las características que tenía la UFECIC”, cuestionó.
Al menos 303 millones de lempiras fue el perjuicio económico contra el Estado según las investigaciones que presentó la misión.
