Más allá de quién gane la apretada elección en Perú entre el neófito izquierdista Pedro Castillo y la ultraderechista Keiko Fujimori, no queda duda que ese país nos da una auténtica lección de democracia -con sus defectos y virtudes- y que la masiva participación popular vence el fraude.
Aunque la campaña entre un docente outsider y la heredera de la mafia de los Fujimori -que sumergió al país andino en la década de 1990 en un salvaje terrorismo de Estado anticomunista y pútrida corrupción se polarizó-, nos viene a demostrar que sí es posible construir democracia a partir del respeto a las diferencias políticas e ideológicas, pero también enciende las alarmas sobre cómo los medios hegemónicos pueden construir ídolos de barro y demonizar a aquellos con propuestas de transformar (o destruir) una nación y cómo se permea el pensamiento colectivo a fin de ser utilizados para intereses que no necesariamente desembocan en el bienestar social. Este tópico lo abordaremos en otro editorial.
Es muy probable que estemos a años luz de contar asimismo con una institucionalidad electoral que mientras se cuenta los votos, también resuelve las inconsistencias e impugnaciones como suele ocurrir en todos los comicios. Que el voto sea de carácter obligatorio para los ciudadanos entre los 18 y 65 años y quien salga derrotado sepa aceptar el veredicto popular. Claro, para ello deben existir reglas claras del juego que no permitan espacio a reclamos pueriles y, en caso de existirlo, sean basados en ley.
La primera lección de las votaciones en Perú es para el flamante y enclenque Consejo Nacional Electoral hondureño (CNE), controlado por el tripartidismo, quienes emitieron a cuentagotas unos pobrísimos resultados varios días después de las primarias. Nos prometieron que tendríamos un sistema novedoso de divulgación de resultados y lo que evidenció fue la improvisación de sus consejeros que, en vez de estar a la altura de las circunstancias, decidieron seguir rindiendo cuentas a sus organizaciones políticas, cuan activistas pega afiches.
La segunda es para la clase política ya que pretenden seguir maniobrando en defensa del orden establecido, pues la actual Ley Electoral es un remiendo de la fenecida legislación, pues no hay mecanismos para refrendar el veredicto popular como la instauración de la segunda vuelta, el voto electrónico, ciudadanización de las mesas, entre otros, que ayuden a disipar denuncias de fraude.
También debe incluirse a esta lección que en la nueva Ley de Justicia Electoral se establezca que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) debería ser la última instancia y cuyos fallos sean inapelables. En las actuales circunstancias, el TJE es un mero colador para que los afectados puedan acudir ante la Sala Constitucional del Poder Judicial, por lo que su función es intrascendente.
Es necesario que el Congreso Nacional comience a pensar en la obligatoriedad del voto, tal como en Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y México, lo que permite que un candidato pueda ganar con la mitad más uno de los votos emitidos. Al menos, esta norma permitiría tener regímenes legítimos y no tendríamos gobernantes con baja aceptación ciudadana.
Otra ventaja del voto obligatorio es que erradicaría el abstencionismo y evitaría prácticas corruptas de los partidos para promover fraudes. Las experiencias de 2013 y 2017 nos indican la necesidad urgente de que se instaure tanto la segunda vuelta como el voto obligatorio. Al fin y al cabo, la democracia también exige una cuota de sacrificio para el bienestar común.
Un tercera, y contundente lección, va para los ciudadanos, quienes no pueden seguir siendo indiferentes a los procesos políticos que vive un país; hay que tener presente que la misma ciudadanía es la que paga onerosos sueldos a los funcionarios y debería tener un papel más protagónico en cuanto a la selección de quienes llegan a ocupar un cargo dentro de la burocracia.
Es una verdadera lástima que se haya perdido una magnífica oportunidad de haber implementado reformas electorales para el fortalecimiento de la democracia. No hay que ser pitonisos, el buen sentido ya nos indica que iremos a elecciones con los vicios del pasado, donde el fraude será la norma y no excepción y el próximo presidente o presidenta no tendrá una legitimidad, aunque gane los comicios, porque el Congreso decidió jugar sus propios intereses
Por ahora, nos debemos conformar con el remiendo de Ley Electoral, aunque demos por descontado que viviremos un escenario peor a lo ocurrido hace cuatro años. Restará confiar que no se derrame sangre.
