LIMA, Perú
El socialista Pedro Castillo se perfila como el ganador de las elecciones presidenciales en Perú, por un estrecho margen. Sin embargo, la derechista Keiko Fujimori, que busca impugnar cientos de miles de votos, lo que podría retrasar el resultado oficial.
Castillo obtuvo el jueves el 50,2% de los votos, , unos 60.000 votos por encima de Fujimori, con el 99,55% de las actas procesadas, según datos de la Oficina Nacionales de Procesos Electorales de Perú (ONPE).
La campaña electoral en Perú estuvo marcada por la polarización que generan ambos candidatos: Castillo, un maestro de escuela, que se identifica con la ideología marxista y la tecnócrata Fujimori, de 46 años de edad e hija del expresidente Alberto Fujimori.
Una posible victoria oficial de Castillo refleja, para analistas consultados por la Voz de América, un descontento social por la clase política peruana y el modelo económico, en medio de la crisis agravada por el coronavirus.
Las medidas restrictivas que tomó el gobierno peruano para contener la propagación del COVID-19 hicieron que la economía peruana cayera un 11,1% durante el 2020, la peor caída en 30 años, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La pandemia, aseguró a la VOA Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento basado en Washington D.C. Diálogo Interamericano, “tuvo el efecto de exponer y agravar” las desigualdades en Perú y agrandó la “brecha entre Lima y el resto del país”.
Para el experto, la ventaja de Castillo en los resultados electorales es una alerta “al cambio de un país que si bien es cierto ha tenido avances económicos a nivel macro, ha dejado a gran parte de la población fuera”.
La pérdida de empleos y fuentes de ingresos por la pandemia fue bastante alta en Perú, donde los sectores informales, independientes y con bajo nivel educativo de la población vieron mayores efectos, según un estudio del Banco Mundial.
“Perú nunca fue exitoso en redistribuir [la] riqueza en las comunidades pobres (…) entonces el resultado de ese fracaso son estas elecciones”, dijo a la VOA Benjamin Gedan, exdirector para Suramérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Gedan considera que en la segunda vuelta, en la que se votó entre Castillo y Fujimori, “no había mucho entusiasmo por ninguno de los candidatos”. “Los votantes peruanos se enfrentaron a una elección complicada en estos comicios y saben que están jugándose el futuro del país”, argumentó el experto.
A la hora de gobernar, Castillo tendrá dificultades para gobernar, ya que contará con solo 28 de los 130 escaños, en un parlamento marcado por la fragmentación, lo que crea el potencial para una “crisis constitucional”, aseguró Geden.
En esto concuerda Shifter: “¿Qué va a poder hacer Castillo si no tiene el apoyo del Congreso? Con altísimos niveles de desconfianza, problemas de credibilidad, poca preparación… ahí hay problemas enormes”, dijo el analista a la VOA.
Perú viene de un tumultuoso periodo de inestabilidad política desde el 2016, cuando Pedro Pablo Kucynski fue elegido presidente y quien dos años después (en 2018 en medio de fuertes cuestionamientos) se vio forzado a renunciar por sus lazos con el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Luego de Kucynski, los escándalos de corrupción y los choques con el Congreso han llevado al poder a tres presidentes: a Martín Vizcarra, quien finalmente fue destituido en noviembre de 2020 por el Congreso peruano por «incapacidad moral”.
A Vizcarra le han seguido dos presidentes interinos más, el primero Luis Merino, que solo estuvo días en el cargo y renunció. A este último lo sucedió Francisco Sagasti Hochhausler, nombrado de forma interina en noviembre del año pasado.
Fujimori —contra quien la fiscalía de Perú pidió prisión preventiva por un caso de lavado de activos, por recibir presuntamente dinero de Odebrecht para su campaña—dijo en Twitter que “la elección no ha terminado.
Ella y su agrupación, Fuerza Popular, buscan la anulación de unos 200 mil votos, por considerar que hubo irregularidades el pasado domingo. De comprobarse que su reclamo es legítimo, lograría cambiar el rumbo del proceso.
Para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, el actual contexto político en su país es “muy preocupante”.
“Como ocurre en muchos países, cuando hay un resultado muy ajustado, se trata de no reconocerlo y se trata de invocar siempre el fraude (…) Hay una campaña política, mediática y legal, que tiene como objetivo no aceptar los resultados y probablemente declarar mañana o más tarde la ilegitimidad del gobernante”, dijo Tuesta a la VOA.
La politóloga Denisse Rodríguez-Olivari coincidió en que hubo transparencia en los comicios. Explicó que, desde su perspectiva, no hay indicios de un “fraude sistemático”:
“Se está llevando a un clima de conflicto, división y polarización absolutamente innecesario, más aún teniendo en cuenta la pandemia global, incitar a la protestas ciudadanas en el marco de un conteo de votos que, a todas luces, no es fraudulento”, sentenció.
