TEGUCIGALPA, Honduras
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fijó el lunes su posición respecto a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes), ya que considera que atentan contra la Constitución.
Mediante un pronunciamiento, el centro de estudios superiores aseguró que hay una clara violación al Estado de derecho.
“Lo más preocupante es que este desorden esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las ZEDE constituyen la más grave violación al Estado de derecho que se ha registrado en la historia del país”, manifestaron las autoridades de la máxima casa de estudios del país.
La UNAH, prosigue, “hace un enérgico llamado al Congreso Nacional para que, en cumplimiento de su deber patriótico, derogue la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) o Decreto 120-2013 la cual fue aprobada, favorecida por las reformas de tres artículos constitucionales como Decreto 236-2012”.
Las autoridades universitarias afirmaron que “desde la formación del estado liberal, las élites hondureñas han promovido la atracción de inversión extranjera como medio para facilitar el crecimiento económico y la integración del país al mundo”.
Asimismo, aseguraron que con la aprobación de la Ley de Concesiones de 1917 y las reformas a la Ley de Migración de 1929, entre otras, cuyas acciones apuntan, desembocaron en funestos enclaves que son un claro ejemplo de la débil, inadecuada e ineficaz gestión que la clase política hondureña ha llevado a cabo a lo largo de la historia.
Expresaron que estas prácticas que entregan la soberanía del país, se han exacerbado en las últimas décadas con la concesión para la explotación minera y forestal, así como la privatización desordenada e inconsulta de las formas de administrar la electricidad, el agua potable, la telefonía, el internet y otros servicios.
“Estas prácticas que entregan la soberanía del país, se han exacerbado en las últimas décadas con la concesión para la explotación minera y forestal, así como la privatización desordenada e inconsulta de las formas de administrar la electricidad, el agua potable, la telefonía, el internet y otros servicios, a grupos de inversionistas cuyo único mérito es su cercanía con la clase política de cada momento, generando conflictividad y violencia en los territorios”, detallaron.
Con relación a las Zedes, señalaron que estas surgieron de forma intempestiva desde hace más de ocho años, como adición al evidente deterioro institucional que el país enfrenta, al tiempo apuntaron que lejos de cohesionar a la sociedad, la dividen y debilitan, generando incertidumbre y mayor inseguridad jurídica.
Varias organizaciones académicas, políticas y sociedad civil han plantado cara a la postura gubernamental de proseguir con las también llamadas Ciudades Modelo, en el sentido que la consideran como un atentado a la soberanía e integridad territorial.
A la fecha, ya operan en el país varias Zedes, entre ellas, Próspera, en la isla de Roatán y Orquídea, en la región sur.
Esta última opera con leyes del estado norteamericano de Delaware, consideradas por expertos como proclives para la instalación de paraísos fiscales.
