TEGUCIGALPA, Honduras
La Ley de modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) implicaría una inminente privatización de las represas que opera la estatal, según estimaciones hechas por expertos en el tema.
En un primer debate, el Legislativo aprobó la controvertida norma y cuyos apartados 10 y 11 abren la puerta a la transferencia de bienes de infraestructura de la entidad o futuras sociedades subsidiarias, en consecuencia, se prevé que las posibles licitaciones podrían estar regidas por el derecho privado.
“No estoy dispuesto a votar a favor de un proyecto donde se le transfiera a la ENEE o las subsidiarias, las represas como Patuca, El Cajón, Río Lindo o Cañaveral, este artículo deben observarlo detenidamente los diputados del Partido Nacional y los opositores”, alertó el parlamentario liberal Mauricio Villeda.
Especificó que el sistema financiero podría quedarse con cualquiera de las centrales hidráulicas luego que la normativa sea aprobada y divulgada en La Gaceta.
Por su lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, consideró que esta ley debe ser una propuesta integral, por parte de todos los actores involucrados, la ENEE, el Estado, los generadores privados y organizaciones civiles.
“Entendemos que continúa el proceso de implementación de la división de la ENEE desde 2014; estoy en contra de dicho proceso, hasta que haya una socialización y si nosotros dividimos esta empresa, el siguiente paso sería privatizarla y no seremos parte de eso. Este tipo de instituciones deben nacionalizarse, para que el Estado sea garante de su funcionamiento sin corrupción”, indicó.
Asimismo, el experto en temas energéticos, Mario Zelaya, aseguró que el proceso de transformación de la ENEE podría tardar diez años, por algunas razones como inventarios de auditoría, renegociar contratos de generación y atacar las pérdidas, que tardaría ocho años reducirlas a menos del quince por ciento.
“Estos análisis deben tomarse antes, no en el marco de la escisión de la ENEE. Desafortunadamente como en ocasiones anteriores, se toman decisiones inadecuadas”, expresó.
Por último, mencionó que el déficit acumulado de la estatal es superior a los 80 mil millones de lempiras y se cuestiona si dentro de las soluciones está la venta de los activos ya que estos pertenecen al Estado de Honduras.
