TEGUCIGALPA, Honduras.
La oenegé Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) pidió reformas luego que varios políticos hondureños fueran salpicados por la trama los Papeles de Pandora, a fin que exista una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas.
El representante de la ASJ, Carlos Hernández, declaró que el Congreso Nacional debe de legislar para “crear una norma que diga que cualquier inversión que se haga tiene que ser pública en el país de origen”.
“Honduras debe de hacer reformas profundas orientadas a la transparencia corporativa y una ley de beneficiarios finales de las empresas”, exhortó Hernández.
Por su parte, el secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) Omar Rivera, hizo un llamado a los hondureños mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), aclarar los señalamientos.
También pidió a los organismos de investigación y justicia a hacer su parte a fin de esclarecer el origen del dinero de los señalados.
“No conozco si hay un delito o no, pero el que esté involucrado que aclare y si la autoridad competente estima que hay la comisión de quebrantamiento de ley, debe de investigar el involucramiento de los hondureños”, dijo Rivera.
REACCIONA ASFURA. Luego que fuera vinculado a los Papeles de Pandora, el alcalde capitalino y candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, se pronunció al respecto.
“Tengo derecho a ganarme la vida. Fui a Panamá en busca de mejores opciones de financiamiento, pero con la empresa fue solamente una relación comercial”, arguyó.
También pidió que no se le dé un tinte político al escándalo de alcance global.
Asfura sostuvo que “en 2007, hace 14 años, era funcionario público… pero no quiero que me le den un tinte (político). Por favor revisemos, seamos conscientes; no hay ninguna forma de que pueda apenarme o que haya invertido mal algún fondo del Estado”.
Junto a Asfura fueron señalados el expresidente Porfirio Lobo y el exalcalde y actual vicepresidente Ricardo Álvarez de tener sociedades offshore, de acuerdo a la investigación que realizó el ICIJ.
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