WASHINGTON, EE.UU.
Nulos avances en combate a la corrupción e impunidad, más el deterioro de la institucionalidad democrática de Guatemala, Honduras y El Salvador estarían detrás de la decisión de los senadores del comité de Apropiaciones.
El Comité de Apropiaciones del Senado ha rechazado asignar el paquete de ayuda de 861 millones de dólares de cooperación de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador para el año 2022, al considerar que los tres países no muestran avances en el combate a una corrupción «enraizada» y debilitan la institucionalidad democrática.
“El comité está preocupado porque la corrupción y la impunidad están enraizadas en El Salvador, Guatemala y Honduras”, según una carta enviada por el Comité a la Casa Blanca y citada este viernes por El Diario de Hoy de El Salvador.
Los fondos están enmarcados dentro del plan de ayuda para el Triángulo Norte, cuyo objetivo es reducir las causas de las migraciones irregulares de centroamericanos hacia Estados Unidos.
También los senadores que ven que “hay muy poca evidencia de que los funcionarios de alto rango en estos países tengan la voluntad de actuar como socios confiables de Estados Unidos para abordar las causas de la migración irregular o defender el Estado de derecho”, reza la misiva.
Desde El Salvador, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, dijo a la Voz de América que una decisión del Congreso de Estados Unidos debe tomarse con pinzas para castigar a gobiernos corruptos, y debe evitar afectar a organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno afrontando la problemática.
Los legisladores estadounidenses de la Cámara Alta ven en la pérdida de contrapesos a los poderes ejecutivos de esos países un debilitamiento que no garantiza la efectividad de la justicia ni el combate desde los ministerios públicos a la corrupción e impunidad.
Estados Unidos ha mostrado un fuerte rechazo a los “atropellos” que afectan el balance de poderes en El Salvador, después que el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa oficialista destituyeran el 1 de mayo -fuera de los parámetros que manda la Constitución- al fiscal general y a los magistrados de la Corte Constitucional.
En Guatemala, Estados Unidos dejó claro que la fiscal general Consuelo Porras no goza de la confianza de la primera potencia mundial y la incluyó en la Lista Engel junto al segundo al mando del Ministerio Público guatemalteco.
Y en Honduras persisten los señalamientos contra el gobierno de Juan Orlando Hernández y otros actores políticos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
En días recientes, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental y Enviado Especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, dijo a la Voz de América que confiaba en la aprobación por parte del Congreso de la dotación de fondos para continuar los trabajos en la región centroamericana. (Con información de VOA).
