TEGUCIGALPA, Honduras
El fiscal general Óscar Chinchilla, así como otros funcionarios del actual gobierno, deben considerar presentar una pronta renuncia a su posición en el marco de la toma de posesión de la nueva administración que se hará en enero, valoró el analista Raúl Pineda Alvarado.
El experto en temas políticos apuntó que el escenario no es favorable para el titular del Ministerio Público y este tampoco ha efectuado una labor sobresaliente, por lo que tiene la posibilidad de dimitir y volver a la designación que recibió previamente.
«El ambiente político es muy hostil y debe considerar, después de tantos años de estar al frente de la Fiscalía y haber hecho tan poco, la posibilidad de presentar una honorable renuncia», expresó.
Enfatizó que las condiciones actuales no le favorecen a Chinchilla y puede tomar una decisión que denotaría elegancia y honorabilidad.
«Si no es propicio que continúe su trabajo en el Ministerio Público, y tras muchos años de estar ahí, lo más elegante es no entrar en un forcejeo con ninguna autoridad y retirarse», declaró.
Dijo que, al salir de ese cargo, tendría la apertura para regresar a ser magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, en la que, estimó, podría seguir de forma discreta y cómoda sus actividades profesionales, teniendo un buen desempeño.
¿Y SI DECIDE QUEDARSE? Planteó en la contraparte que si Chinchilla analiza que su gestión ha sido adecuada y decide continuar, habría consecuencias si las bancadas mayoritarias del Poder Legislativo no le favorecen.
Describió que uno de los impactos sería en el presupuesto otorgado y otro que los requerimientos que emita la Fiscalía no serán vistos de manera amigable.
En tal sentido, comentó que el fiscal general requiere el apoyo del titular del Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, del Congreso. Si no lo obtiene y tampoco lo respalda la mayoría de la población, «no puede hacer su trabajo», acotó Pineda.
RECOMENDACIÓN O JUICIO POLÍTICO. El también jurista explicó que la cámara legislativa también puede, a través de una moción, invitar a la máxima autoridad del Ministerio Público a que renuncie.
Describió que tal escenario sería una «suerte de censura moral», pero, finalmente, sería Chinchilla quien decidiría si darle importante a esa sugerencia o no.
También, mencionó que los diputados pueden optar por iniciar un juicio político para destituir al fiscal general, pero tal figura debe estar fundamentada con motivos contemplados en la ley y ejecutarse respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Ahondó diciendo que en ese caso, los involucrados tendrían que actuar con mucha reflexión y no emular al mandatario Juan Orlando Hernández que «manipuló el Congreso para sacar a cuatro magistrados de la Salta Constitucional, lo que le va a costa mucho dinero al Estado al momento de la indemnización y sentó un precedente nefasto».
Subrayó que el procedimiento de destitución no es común, pues, normalmente, cuando el fiscal no goza de la simpatía de los congresistas presenta su renuncia y se desarrolla una transición sin mayores dificultades.
Chinchilla ganó la votación para convertirse en el fiscal general en 2013. Concluyó el mandato en 2018, pero fue reelecto y tendría que vacar, de acuerdo a la ley, en 2023.
OTROS ENTES. Sobre los integrantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que normalmente estos ponen a disposición sus cargos ante la cámara legislativa cuando hay un cambio de gobierno, aunque no es obligatorio.
«El Congreso, como se trata de una nueva administración, lo que hace es ratificarlos, guardar silencio o aceptar la renuncia», ilustró.
En cuanto al Poder Judicial (PJ), opinó que debe haber una reingeniería completa ya que el las deficiencias actuales influirían en la percepción foránea, lo que impediría un desarrollo pleno del país.
«Estoy convencido de que aquí nadie va a querer invertir en un PJ altamente contaminado, funcionarios judiciales que están sobrecargados de trabajo y sin motivación, con una Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una mora judicial tremenda pero que le exige a los jueces que estén al día en el desempeño de su labor jurisdiccional», expuso.
«Eso genera inseguridad y nadie invierte en países donde hay inseguridad y las posibilidades de que la sociedad hondureña se desarrolle se van a ir alejando», agregó.
Puntualizó que la Corte puede presentar su renuncia y ya hay magistrados que han externado su intención de hacerlo pero no lo han llevado a la práctica.
Planteó que la otra opción es que se mantengan en el cargo esperando a febrero de 2022 para que se dé el proceso de finalización de su período y sean nombrados sus sucesores.
Pineda sintetizó que el sistema de salida para los personajes en mención -más allá de los períodos establecidos- está más fundamentado en buenas prácticas que en una normativa legal.
Sostuvo que la presidenta electa buscará trabajar con personas de su confianza y no puede poner en riesgo que su trabajo sea torpedeado desde la propia administración, pero las nuevas autoridades tampoco pueden actuar abruptamente.
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