TEGUCIGALPA, Honduras
Una nueva polémica causó las declaraciones del exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn, quién solicitó al tribunal no ser trasladado a un centro penitenciario por temor a perder la vida.
El pasado lunes 31 de enero, se desarrolló la etapa de conclusión del juicio oral público contra Marco Bográn y Alex Moraes acusados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la compra irregular de hospitales móviles.
Durante la comparecencia Bográn pidió no ser movilizados del batallón de infantería porque, ya que alega que los medios de comunicación han difundido un mal concepto de él.
“Allá afuera han puesto en peligro constante nuestras vidas, por esa misma razón señalo que si nosotros somos trasladados del primer batallón de infantería a otra cárcel de alta peligrosidad, estamos sujetos a perder la vida porque la opinión de los medios es que ‘nosotros somos verdugos e indeseables y por lo tanto merecemos morir’, eso nos da temor”, dijo.
Cabe destacar que al principio del juicio oral y público, Bográn clamó que se le concediera tener comunicación con sus familiares, acceso al internet, sin requisas en su celda y alimentación de buena calidad.
NO DEBEN ESTAR EN EL BATALLÓN. Por su parte, el criminólogo Carlos Padilla consideró que los batallones no deben convertirse en centros penitenciarios, ya que es una estrategia que adoptó el gobierno anterior.
“Los centros de instalaciones militares no están dentro de la nómina de centros penales y es una mala costumbre que se han implementado desde hacer 12 años atrás cuando se comenzó a recluir a personas por temas políticos”, enfatizó.
Destacó que la población civil debe ser recluida en las cárceles del país, así como lo establece la ley para mantener una igualdad entre las personas.
“Es normal que toda persona que sea privada de la libertad se sienta insegura porque pierde garantías constitucionales. Además no se puede negar que hay fallos en el sistema penitenciario”, acotó.
Por último recomendó que si la defensa teme por la vida de su representado en un centro penal del país, deberá solicitar su traslado a una cárcel de máxima seguridad.
