TEGUCIGALPA, Honduras
Un proyecto de decreto que incluye la creación de una misión que dirija una lucha contra la malversación de caudal público y la impunidad presentó la noche de este martes el diputado Rasel Tomé en la sesión legislativa que convocó la directiva de Luis Redondo.
Precisó que se trataría de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) y sería creada bajo la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Expuso que el ente contaría con poder pleno de investigación e independencia absoluta y podría tomar acciones inmediatas contra la corrupción, incluso la que vincule a los titulares de los poderes estatales.
«Dentro de las principales funciones se incluirá la indagación de la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado», puntualizó.
Planteó que la intención es que la Cicih se desarrolle de forma independiente, efectuando investigaciones con énfasis en inteligencia, análisis financieros y las acciones punitivas para combatir frontalmente el saqueo del erario.
Asimismo, indicó que la dirección de la comisión -así como su equipo asesor- debe estar a cargo de profesionales de reconocida honorabilidad que sean seleccionados por el Estado de Honduras de una propuesta de la ONU «bajo el más alto estándar internacional».
La selección del personal -agregó- debe tener de acuerdo al convenio que suscriba el Poder Ejecutivo a través de la presidenta Xiomara Castro.
En tal sentido, detalló que se autorizará a la gobernante para que suscriba el vínculo con la ONU y que involucre a las instituciones que tienen el deber constitucional -y legal- de combatir la corrupción y la impunidad, además de otras entidades que hayan demostrado su compromiso en erradicar esos flagelos.
Tomé mencionó que el decreto entrará en vigencia cuando el mismo se publique en el diario oficial La Gaceta.
La comisión de dictamen que conocerá el proyecto está conformada por los congresistas Silvia Ayala, Juan Barahona, Mauricio Rivera, Angélica Smith, Ligia Ramos, Carlos Umaña, Mario Argeñal y Mario Henríquez Pineda.
El defensor de derechos humanos, Hugo Maldonado, valoró que la Cicih no se podrá implementar mientras persista la crisis legislativa.
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