TEGUCIGALPA, Honduras
Después que el Ejecutivo enviara una serie de paquetes de leyes al Congreso Nacional, entre ellas la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), Próspera emitió un comunicado en el que indican que el Estado hondureño podría enfrentar una demanda de mil 300 millones de dólares.
El economista Edwin Sandoval expresó que los representantes de las Zedes no pueden hablar de inseguridad jurídica o de correr la inversión extranjera, porque ellos «están cometiendo un delito».
Señaló que debieron haber consultado con sus asesores legales si en Honduras, era factible o sí era legal la instalación de Zedes, “al no hacer consultas previas los convierte en inversionistas de dudosa reputación”.
Indicó que la derogación de las Zonas de Empleo no transgrede el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. porque las mismas no pagan impuestos y las ganancias que obtienen de sus inversiones no van a las arcas públicas.
Agregó que los dueños de las Zedes y los diputados que aprobaron esa ley, “son traidores de la patria, porque están violentando la soberanía nacional”.
En ese sentido pidió que no traten de engañar o atemorizar a la población con una demanda.
“No pretendan engañar a la ciudadanía, ustedes son quienes han violentado nuestra soberanía; insultando el honor de nuestra patria. No quieran asustar a los hondureños con una supuesta demanda”, acotó.
En tanto, el abogado Javier García precisó que el Estado hondureño debería buscar una solución a cualquier posible demanda de parte de los inversionistas de las Zedes.
Externó que los inversionistas debieron prever que al cambiar de gobierno esto -derogación de las zonas de empleo-podría suceder porque esta ley es inconstitucional.
