TEGUCIGALPA, Honduras
El exmandatario Juan Orlando Hernández permanecerá bajo prisión preventiva y tendrá que presentarse a la audiencia probatoria el próximo 16 de marzo, resolvió en la primera comparecencia el juez natural asignado al caso de extradición.
Este día se desarrolló la audiencia informativa contra el exjefe de Estado, en la cual él y sus apoderados legales conocieron toda la información que competen su petición de extradición por parte del gobierno de EE.UU.
La audiencia inició a las 10:55 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia, la cual fue presidida por el juez y magistrado Edwin Ortez.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el exgobernante se mantendrá recluido en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales.
Asimismo, la audiencia de presentación de pruebas se realizará el día miércoles 19 de marzo a las 9:00 de la mañana.
El juez determinó que el gobierno de EE.UU. deberá remitir la copia autenticada traducida al español con las pruebas que sustentan la solicitud de extradición y tendrá que calificar los delitos que prescribe y las penas relacionadas a los cargos imputados.
Las pruebas tendrán que ser enviadas, al menos, dos días antes de la audiencia programada para evacuar los medios probatorios y se deberá nombrar un apoderado legal para el proceso.
Cabe destacar que los abogados defensores solicitaron la prisión domiciliaria, pero esta fue denegada por el juez, ya que consideró que al guardar prisión preventiva garantiza su asistencia a las audiencias.
Respecto a la Ley de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo, reformada el pasado mes de enero, la familia de Hernández podrá gozar del beneficio.
Lo entidad de seguridad involucrada en el traslado de Hernández desde el lugar de reclusión hacia la Corte Suprema de Justicia, montaron una estrategia de realizar tres caravanas vehiculares paralelas.
También durante la audiencia de Hernández se suscitó un conflicto entre simpatizantes del Partido Nacional, que mostraron su apoyo al líder político, y militantes Partido Libertad y Refundación (Libre) conocidos como los motorizados, quienes exigían que le juez actuará con base a la ley.
