CIUDAD DE MÉXICO, México
Los flujos migratorios desde la región latinoamericana hacia EEUU siguen incontenibles, y podrían agravarse por la desigualdad, las crisis económicas y políticas, consideran académicos y activistas que debaten esta semana el tema en la IX Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (Clacso).
El foro regional titulado «Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones» se celebra hasta este 10 de junio en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reelecta secretaria ejecutiva de Clacso, Karina Batthyány, planteó en la inauguración: «En nuestro continente existe una profunda concentración de la riqueza, y el acceso a las prestaciones sociales, en términos amplios, sigue siendo un privilegio».
Este fenómeno se debe a que «no contamos en América Latina y el Caribe con un Estado de bienestar universal; antes de la pandemia esto ya era un problema fundamental», añadió.
Las investigaciones presentadas abordan las diversas formas de violencias y políticas de seguridad para enfrentarlas.
Los debates se centrarán en una treintena de ejes temáticos, que contemplan: «violencias de género; violencias y políticas de seguridad; feminismos y disidencias; infancias y juventudes; migraciones; conflictos agrarios y urbanos; procesos de paz; naturaleza y ambiente», indica el programa de la conferencia.
La causa de crecientes poblaciones en desesperada movilidad en los últimos años, procedentes sobre todo de países centroamericanos y caribeños, tiene una nueva explicación en los conflictos políticos, dice en entrevista con la Agencia Sputnik la coordinadora general de Urnas Abiertas de Nicaragua, Olga Valle, quien asiste a ese foro de debate con una ponencia.
La dirigente civil participante en la conferencia señaló el deterioro de la vida pública, que afecta la participación de activistas civiles y políticos.
«El cierre del espacio cívico ha suprimido las libertades de expresión, de opinión, de organización y manifestación, que ha afectado a toda la ciudadanía», dice Valle, académica feminista, defensora de derechos humanos e ingeniera industrial con experiencia en la gestión de proyectos ciudadanos.
La entrevistada cita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza en 1.600 las personas detenidas desde 2018, cuando estallaron protestas callejeras contra el Gobierno de Nicaragua.
Ese contexto político aumentó la salida de personas del país centroamericano, que hace un lustro ya padecía una migración por razones económicas, pobreza y falta de oportunidades, prosigue.
Nicaragua fue escenario de una crisis política a partir de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del seguro social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de «terroristas».
El Gobierno reconoció que en los incidentes fallecieron unas 200 personas y señaló que la violencia fue promovida por sectores adversos que buscan realizar un «golpe blando» contra el presidente Ortega.
Por su parte, la oposición y organizaciones independientes afirman que los fallecidos son más de 400, y denunciaron una cruenta represión.
«No se puede olvidar que Centroamérica ha vivido un modelo económico diseñado con base en la desigualdad social y económica», señala Valle.
Desde 2018, la migración por razones políticas creció hacia Costa Rica, México, EEUU y España, detalla la especialista en temas de participación ciudadana.
La experta en diseño e implementación de programas sociales señala que el flujo migratorio masivo «ha convertido a México en un país de destino, no solo de tránsito».
En 2021, antes de las elecciones generales nicaragüenses, hubo expectativa de solución a la crisis política .
«Las principales caras de la oposición, entre ellas siete personas que aspiraban a ser candidatas presidenciales, fueron detenidas y permanecen encarceladas», reseña la investigadora.
Nicaragua se sumó a Honduras, Guatemala y El Salvador como país de origen de la creciente migración centroamericana: México se convirtió en el tercer país del mundo en recibir solicitudes de asilo humanitario y político.
«Hasta la fecha 3% de la población nicaragüense huyó del país», explica Valle.
La pandemia y el cierre de fronteras atenuó los flujos migratorios, pero volvieron a dispararse este año 2022, y la población que se aventura a reconstruir sus vidas en otros países creció un 5%, detalla la experta.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, estatal) en el primer trimestre de este año, Nicaragua se convirtió en la quinta nacionalidad en solicitar asilo político y refugio.
El tema migratorio se ha vuelto tan inmanejable para los gobiernos que se colocó en el centro de la actual Cumbre de las Américas que se celebra esta misma semana en Los Ángeles.
Las autoridades migratorias reportaron el «rescate» de 8.000 nicaragüenses, como llama el Gobierno de México a las detenciones con fines de «repatriación asistida», es decir, de deportación.
«Las deportaciones son una respuesta inadecuada, porque las personas no pueden regresar, y ser entregadas a las autoridades de Managua puede significar cárcel, o poner en riesgo su vida», puntualiza Valle.
En el primer trimestre de 2022 fueron detenidas en México y repatriadas a sus países 48.000 personas migrantes centroamericanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración.
Clacso ha convocado a debatir sobre la desigualdad sin precedentes que permite a un puñado de personas acumular más riquezas que el 60% de la población mundial.
En 2020, de cada 100 habitantes de América latina y el Caribe, 34 eran pobres, y 13 se hallaban en la pobreza extrema, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Con información de Sputnik).
