Sin lugar a dudas, el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 cambió para siempre la historia de Honduras. Es imposible analizar el contexto nacional sin tomar en cuenta lo ocurrido en esa fecha cuando los militares, en una acción gorilesca y típica de los golpes del siglo XX, sacaron a punta de culatazos a un presidente democráticamente electo.
Independientemente de cualquier error que haya cometido Manuel Zelaya, ya tiene un sitial en la historia, pues se convirtió en el primer gobernante en fundar en tiempo récord una organización política escorada a la izquierda (con matices socialdemócratas, liberales, conservadores y revolucionarios) y haber llevado a la primera mujer a ocupar la titularidad del Ejecutivo, quebrando para siempre el tradicional bipartidismo que dirigió el país con puño de hierro, pero con pocos resultados que logren mantener a Honduras entre las naciones más desarrolladas del mundo o, al menos, que pudiera darle una vida digna a su población.
De no haber ocurrido ese trágico golpe (que no debió suceder en una sociedad democrática), quizá nunca se hubiera conformado Libre como fuerza política; probablemente, el bipartidismo repartido entre nacionalistas y liberales seguiría vigente. Pareciera que el destino deseó que eso ocurriera, Honduras llegó a un punto de no retorno en su vida política, económica y social. Fue testigo de la peor crisis institucional que derivó en represión, muertes, exilio forzoso que abrió paso a tres gobiernos nacionalistas que se desgastaron y recibieron una aplastante derrota en las elecciones de noviembre de 2021.
¿Dónde está Honduras a 13 años del golpe de Estado? El país se encuentra en una posición muy incómoda, con una ausente institucionalidad que terminó siendo cooptada por la administración anterior, se sienten en carne propia las recetas neoliberales recetadas por los organismos financieros internacionales y cumplidas a rajatabla por los gobernantes de entonces. La violencia se volvió galopante, las denuncias de narcotráfico se tornaron tan comunes contra el exmandatario Hernández y algunos de sus colaboradores, la nación aparecía (y lo sigue haciendo) en listas nada envidiables de violadores de DDHH, ausencia de Estado de Derecho, nos vendían el discurso que el país iba cambiando y al final del camino nos dimos cuenta que eso no era cierto.
Este editorial no tiene como propósito dar un espaldarazo al gobierno actual; se le puede dar un compás de espera para ver si logra cumplir sus promesas de campaña, se comprende que recibieron un país con serios problemas coyunturales (crisis del covid) como estructurales (creciente pobreza, miseria y violencia), que quizá cuatro años sean pocos para corregir algunos yerros cometidos por los nacionalistas como la concentración de poder a favor de Hernández en el cuestionado y todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, normativas nocivas como la ya derogada Ley de Secretos, entre otros.
No obstante, es necesario hacer señalamientos oportunos y puntuales en el caso de que los que detentan el control del gobierno no cumplan con lo prometido o cometan excesos; ese es el papel de la prensa, de ser auditores sociales, de fungir como un contrapoder en defensa del bien común. Confiamos, en consecuencia, que el gobierno acepte con humildad y sapiencia las críticas.
Los retos del gobierno son muchos, quizá no los llegue a resolver, pero tiene el deber de allanar el camino para que las próximas administraciones queden, al menos, con la mesa servida, que queden implementadas políticas públicas que sean de beneficio social y no se cambien cada vez que llega un nuevo presidente o presidenta. Que se instauren los mecanismos para que todos los gobernantes, sin excepción, respeten las normas establecidas y nadie se crea que está por encima de la ley.
Es necesario retomar las lecciones aprendidas del golpe de Estado para que «los hechos no se vuelvan a repetir» como lo planteó en su informe de 2011 la Comisión de la Verdad, a fin que nadie olvide lo ocurrido. Vemos bien que el Estado comience a reparar a las víctimas de la represión ocurrida tras el derrocamiento de Zelaya, que se permita el retorno de los que se exiliaron, se deduzcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales contra quienes ordenaron y ejecutaron ataques desproporcionados contra la población que protestó por lo que consideraron justo.
Hay que ver hacia adelante, sin olvidar lo ocurrido en el pasado. Ya es hora que se haga respetar la Constitución y las leyes y nunca más se perpetren golpes de Estado que solo fomentan más pobreza, violencia e ingobernabilidad.
