TEGUCIGALPA, Honduras
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Roy Pineda aseguró que se ha pretendido crear discordia entre el Ministerio Público, la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) y el ente controlador.
Dijo que cada una de las instituciones en su competencia tiene el deber de luchar contra la Corrupción.
Agregó que «es hoy que debemos fortalecer el acompañamiento en las investigaciones para dar respuesta a los ciudadanos».
Además, Pineda se comprometió a enviar oficio al Ministerio Público con copia a la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción para formalizar convenio de acompañamiento en las investigaciones.
Mediante un comunicado el ente controlador expusó que en el artículo 131-A, de la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos.
Según el escrito todos los fondos públicos que son gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, diputados, oenegés, fundaciones y personas naturales o jurídicas que a cualquier título recibieron o administraron fondos públicos en los períodos de gobierno 2006-2010 (Manuel Zelaya); 2010-2014 (Porfirio Lobo) y 2014-2018 (Juan Orlando Hernández).
Indicó que producto de las auditorías e investigaciones especiales realizadas el Tribunal de Cuentas notificó 64 informes y de estos remitió seis a la fiscalía por encontrar indicios de responsabilidad penal.
Agregó que «el pleno de magistrados en reiteradas ocasiones ha solicitado al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, indicar los nombres de funcionarios y empleados de este ente contralor que están siendo investigados por la Uferco o cualquier otra unidad adscrita al Ministerio Público, con el objetivo de complementar acciones a lo interno de la institución, apegadas al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Empleados del TSC».
Además, exhortó al ente acusador del Estado a proceder conforme a sus facultades constitucionales, con base al respeto de la institucionalidad, que garantiza el Estado de Derecho.
Reiteró su firme compromiso de promover los valores éticos en los funcionarios y empleados, así como velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, con objetividad y profesionalismo, en apego a la Constitución de la República y demás leyes.
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