TEGUCIGALPA, Honduras
Congresistas expusieron que el Ministerio Público debe deducir la responsabilidad penal a los exfuncionarios que permitieron la instalación de la caseta de peaje de La Barca, cuando en el contrato establece que debía realizarse en otro lugar.
El titular del Legislativo, Luis Redondo, señaló que hay factores que se deben investigar el contrato establecido entre el Estado con Concesionaria Vial de Honduras SA (Covi).
Entre los aspectos a indagar, dijo, son quiénes forman parte de la concesionaria, sus socios, cómo se obtuvo la concesión, quiénes autorizaron que se instalara la caseta en ese lugar, los que solicitaron su instalación y si hubo un estudio con los riesgos que representaba.
“Aquí hay varios componentes políticos que son los impuestos que pueden recaudarse en la adjudicación de este peaje en ese lugar. También está el componente que al moverlo de donde debe estar, también tendrá un efecto y afectación a los ciudadanos”, explicó.
Indicó que todos estos elementos están siendo manejados por el Ejecutivo como contraparte del contrato.
“En este momento el Ejecutivo está en diálogo con el concesionario para buscar una salida a esta situación, pero eso no descarta que el Ministerio Público pueda actuar deduciendo responsabilidad a quienes autorizaron al poder o cambiar de ubicación la caseta del peaje”, declaró.
DEDUCIR RESPONSABILIDADES. En ese sentido, la diputada Maribel Espinoza indicó que cualquier acto fuera de la ley implica responsabilidad.
“En mi opinión es responsabilidad de los funcionarios públicos que autorizaron el cambio de la caseta de peaje a un lugar inadecuado por tanto se le debe deducir la responsabilidad a quien corresponda, por las muertes de las personas a causa de la inadecuada caseta de peaje en ese lugar”, dijo.
De igual manera el legislador Bartolo Fuentes pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) proceda a revisar el contrato con Covi para determinar las causales que pueden dar por concluido el contrato.
“El responsable de las muertes es el Estado de Honduras por permitir que se instalara esa caseta de peaje, hay que ver quién dirigía el Estado y quién firmó la autorización que se convirtió en una amenaza”, acotó.
Asimismo destacó que al revisar los contratos suscritos con la multinacional ecuatoriana, la caseta de peaje debía establecerse en la zona de El Caracol, un lugar sin pendientes y donde existe la posibilidad que un vehículo, sin importar la carga, no se convierta en una amenaza.
“La empresa Covi es una empresa perversa e inhumana y cambiaron la caseta a Yojoa para cobrarles a los que se desvían hacia el departamento de Yoro”, expresó.
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