TEGUCIGALPA, Honduras
Diputados calificaron como acertada la decisión del Ejecutivo en demoler la caseta ubicada en la zona de La Barca, en la cual se han suscitado diversos accidentes.
La vicepresidenta del Legislativo, Fátima Mena, señaló que se le concedió mucho tiempo Concesionaria Vial de Honduras (Covi) para resolver el problema, pero solo generaron alternativas que no eran viables, una era el cobro doble del peaje, lo cual limita el derecho a la libre circulación.
Indicó que incluso puede incurrir en responsabilidad penal por las muertes causadas en la caseta de peaje de La Barca, ya que ellos solicitaron el cambio de lugar, cuando originalmente se debía establecer en la zona de Caracol.
“Me parece correcto la demolición, el problema no es el cobro sino la estructura de concreto que está situada en una bajada que ocasiona las muertes”, acotó.
Indicó que desde el Ejecutivo ha tenido la armonía para establecer un diálogo con Covi, la cual solo lanza advertencias de acciones legales.
“La concesionaria de forma irresponsable puso el peaje donde corrían riesgo las vidas de las personas, sino que además de las tragedias nunca tomaron acción. Así como ellos amenazan que van a demandar al Estado, entonces tanto el Estado como los familiares de las víctimas deben demandarlos”, dijo.
Asimismo, el legislador liberal, Mauricio Villeda, externó sus felicitaciones al secretario de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, por la decisión.
“Quiero felicitar al ministro porque, aunque tarde, reaccionó como la ciudadanía esperaba. Me parece que de aquí en adelante hay que vigilar las áreas inconclusas que existen en la carretera”, expresó.
Indicó que hay tramos de la ciudad de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula que no han sido terminada, además que se registran varios derrumbes que provocan deterioro en la calzada.
Por su parte el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda, informó que ha sostenido reuniones con el gobierno para poner en marcha la decisión.
“Este es un clamor popular de todo el país, esta caseta estaba ubicada en un lugar que vulneraba la seguridad de la población y es por eso que el gobierno finalmente toma la decisión de demolerlo”, destacó.
Detalló que desde el 2018 se han registrado, siete accidentes que dejaron a once familias enlutadas. Precisó que tuvieron el apoyo del diputado Alan Cárcamo para solicitar a la concesionaria para que no siguiera el funcionamiento.
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