TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público informó que un juzgado especializado en corrupción elevó a juicio oral la causa contra el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí.
Auto de apertura a juicio contra de exministro de COPECO, otros funcionarios y empresario https://t.co/kr0INKnCOv pic.twitter.com/lQSe2UiDQi
— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 30, 2022
A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) obtuvo de parte de un juez anticorrupción el auto de apertura a juicio en la causa que se sigue a Rubí y a otros dos exfuncionarios de Copeco y un empresario, acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del covid-19.
Los señalados son el exsubcomisionado de Copeco Gustavo Adolfo Cruz Gómez; la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra,
Detalló que Rubí y Cruz son acusados por la presunta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Además, recordó que en este caso se encuentra prófugo de la justicia el exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli, quien es señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020.
Estos gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.
Al final la obra quedó inconclusa y no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.
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