TEGUCIGALPA, Honduras
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Erick Tejada informó que el gobierno pagó unos cinco mil 985 millones de lempiras a generadores privados de energía.
Además, detalló que un total de 13 empresas y 16 contratos (de los renegociados) han sido pagados en su totalidad, dando cumplimiento a lo pautado.
«Ya son 18 los contratos renegociados y, se les está dando prioridad en el pago a los que han llegado a acuerdo con el gobierno, tal y como lo establece la ley especial de energía. Seguiremos regularizando el subsector y honrando nuestra palabra», aseguró.
Agregó que a los contratos que han llegado a acuerdos con el gobierno se le está pagando todas las facturas atrasadas que vienen desde 2020.
Asimismo, dijo que en los primeros meses de 2023 se espera completar el pago a todos los generadores.
Indicó que estos convenios con generadores de energía representa un ahorro de mil millones de lempiras al año y va a representar en la vigencia de los contratos un ahorro de 37 mil millones.
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PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS. Tejada externó que al programa de reducción pérdidas técnicas y no técnicas deben exigirle resultados el siguiente año.
Explicó que el programa de pérdidas existe en un contrato que fue firmado con la Empresa Energía Honduras (EEH), el cual nace desde 2013 de la mano de la desaparecida Coalianza y desde 2013 hasta 2019 se esté gestando ese convenio de reducción de pérdidas que todavía está vigente y que el actual gobierno heredó.
Sin embargó, recordó que el 5 de julio la actual administración lanzó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que entró en su fase de operación el 25 de noviembre en Tegucigalpa y el 27 de noviembre en San Pedro Sula.
«En este programa tenemos planeado reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en 12 meses en al menos 4 por ciento, o sea que a este programa debe exigírsele resultados el siguiente año, porque su fase operativa acaba de iniciar», expuso.
Reprochó que durante 13 años las pérdidas técnicas y no técnicas crecieron un 20 por ciento y la sociedad civil nunca dijo nada.
«Guardaron silencio con lo que estaba sucediendo y ante un contrato que presenta vicios de nulidad e indicios de corrupción y nadie dijo nada en este país, ahora se pretende que en ocho o 10 meses se rescate una empresa que estaba en los suelos, que estaba quebrada por culpa de la narcodictadura», señaló.
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