TEGUCIGALPA, Honduras
Un grupo de expertos de Naciones Unidas arribó el domingo a Honduras, a fin de explorar las condiciones en las que se instalará la CICIH, luego de la extensión del memorando de entendimiento en junio anterior entre el Ejecutivo de Xiomara Castro y el secretario general de la ONU António Guterres.
Según la ONU, los enviados especiales van a brindar «asistencia técnica en relación con el futuro establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad».
Los tres especialistas se dedicarán a analizar y evaluar los instrumentos y la capacidad desplegada para combatir la corrupción e impunidad.
Asimismo, identificarán «las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño» a fin de que la CICIH pueda operar.
Se espera que tras las recomendaciones del panel de expertos, tanto Guterres como Castro procedan a sellar un acuerdo a fin de que la misión anticorrupción pueda funcionar plena y totalmente en Honduras.
En tanto, la jefatura de la CICIH será designada por el secretario general; se espera que el titular del futuro organismo trabaje conforme al mandato firmado entre las partes y deberá garantizar independencia, autonomía e imparcialidad.
«El futuro mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo sólo dará inicio cuando: (a) el Secretariado de la ONU y el Gobierno de Honduras acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento, (b) un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado un mandato y (c) el acuerdo bilateral negociado entre la ONU y el Gobierno de Honduras entre en vigor. En ese momento, y para garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía, la dirección del mecanismo sería designada por el Secretario General», reza el comunicado emitido el domingo desde Nueva York.
«La Secretaría de la ONU continúa comprometida con apoyar a Honduras en sus esfuerzos para combatir la impunidad y fortalecer las instituciones del Estado de derecho», señaló el escrito.
Todo apunta que el mecanismo, prometido por la presidenta en su campaña, será instalado, lo que significaría un hito importante de su mandato en el combate a la corrupción pública y privada.
Sin embargo, hay actores políticos y sociales que siguen dudando de que la CICIH pudiera operar porque, según ellos, hay pactos de impunidad que deben ser derogados por el Legislativo.
En tanto, la bancada nacionalista exige que la misión comience a investigar desde el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, como condición para dar su voto en el Congreso.
Desde la bancada de Libre dijeron que están anuentes a respaldar la iniciativa al tiempo que confiaron que se dará con los responsables de casos de corrupción de varias administraciones.
