TEGUCIGALPA, Honduras
Recursos de apelación presentarán ante la Sala Constitucional, los abogados Luis Javier Santos y Mario Urquía, tras ser separados del proceso para aspirar por la titularidad del Ministerio Público.
El jefe la Uferco, Luis Javier Santos, criticó la postura del integrante de la Junta Proponente Odir Fernández por tomar una postura que conllevó a dejarlo fuera de su aspiración.
“Lo único que puedo esperar es que lo declaren sin lugar y acudir a instancia internacional, no para que lo restituyan o me introduzcan de nuevo en el proceso, sino para dejar un precedente que genere un cambio en el proceso futuro, eso es lo único que queda”, dijo.
Aseguró que es de conocimiento público el compromiso realizado entre el sector político tras el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial, en el cual incluyen también la elección del nuevo fiscal general.
“El acuerdo consiste, en una reforma del Ministerio Público para que existan dos fiscales adjuntos y que el director de fiscales pueda ser nombrado por el Congreso Nacional”, acotó.
Asimismo, denunció que existen componendas políticas para que el nuevo titular de la fiscalía cumpla con favores a los diputados.
«A los políticos no les interesa quien llegue como fiscal general, sino que les interesa que quien dirija el Ministerio Público lo puedan manipular y le siga el juego para que esos casos de corrupción no se muevan y no lleguen a los tribunales, tapando algunas cosas en las investigaciones», aseveró.
Por su parte el profesional del derecho Mario Urquía señaló que la resolución de la tacha en su contra es irregular, ya que fue resuelta por cinco miembros de la Junta Proponente, ya que los magistrados debían ser sustituidos para conocer dicha causa.
Urquía enfatizó que la misma acción se repitió al conocer el recurso de reposición y lamenta que solo por el hecho de haber presidido la Junta Nominadora no pueda acceder al cargo de fiscal general.
“Lo que continua es un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero debo denunciar que tengo conocimiento que al interior la Junta Proponente, las personas que redacta y notifican la resolución dilaten el proceso para que no me dé tiempo de presentar este amparo”, apuntó.
También consideró que le están violentado un derecho constitucional y quebrante el principio de legalidad.
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