TEGUCIGALPA, Honduras
(Por Brayan Flores) La próxima salida del hondureño Dante Mossi de la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no se debe necesariamente a su calificativo de prestamista de dictadores como lo bautizó cierta prensa y la oposición conservadora nicaragüense por las acciones del funcionario saliente ante el presidente Daniel Ortega, sino a las irregularidades al interior del organismo.
Mossi, quien se aprestaba a reelegirse en el cargo, estuvo a punto de provocar una crisis sin precedentes que puso en números rojos las finanzas del banco regional, lo que le impidió volver a postularse al cargo y que orilló a la junta de gobernadores (o sea, los secretarios de Estado o ministros de finanzas de los socios regionales y extrarregionales) a llamar a concurso para encontrar un sustituto.
El Pulso accedió en exclusiva a un breve, pero contundente informe presentado el 11 de diciembre de 2021, que fue hecho llegar a la junta de gobernadores por parte de los directores del BCIE, en donde explicaron de manera sucinta, pero con datos concretos sobre la administración de Mossi, que derivó en una mala gobernanza.
Los directores explicaron que el banco se encontraba a la deriva, en el sentido que se deterioraron los indicadores, como las utilidades (o beneficios después de deducciones) cayeron de manera estrepitosa de 223.5 millones de dólares en 2018 a apenas 83.6 millones hacia 2021. No obstante, los directores por cada país ante el BCIE aclararon que a pesar de la pandemia del covid-19, el organismo supo resistir los embates provocados por el patógeno en la economía, pero les alarma que los rendimientos se hayan hundido a mínimos entre los años ya referidos.
MOSSI MANDÓ AL BCIE A MÍNIMOS HISTÓRICOS. En el documento cedido a este periódico desde las mismísimas entrañas del BCIE, los directores mandaron a decir a la junta de gobernadores que en ese momento vieron «con preocupación preocupación sobre los parámetros de administración y financieros del Banco y las serias inquietudes generadas sobre su adecuada gobernanza».
«La falta de transparencia en la presentación de la información al directorio por la administración -prosigue-, ha quedado evidenciada dada la forma precipitada en que se ha expuesto el deterioro del Índice de Capital Ajustado por Riesgo (RAC). Todos los informes mostrados durante la gestión de los últimos años ha mostrado que se iba por buen camino, con tendencia a un crecimiento positivo del banco».
Los denunciantes explicaron sobre la gestión de Mossi en el BCIE la hizo caer a mínimos históricos. Al respecto, otro de los enunciados precisa de que «actualmente se observa un deterioro en indicadores financieros referentes a la Rentabilidad Financiera (ROE) que de 7.42% alcanzado en el año 2018 pasó a 2.68% en octubre de 2021. De igual forma, el Ingreso Financiero Neto con relación a los Activos Productivos pasó de 2.37% en el año 2018 a 1.83% al cierre de octubre de 2021 y la utilidad pasó de US$223.5 millones en el 2018 a reporta US$ 83.6 millones a octubre de 2021. Lo anterior podría ser conducente a una eventual caída de la solidez financiera como que había venido contando la institución en la última década».
«En este sentido -continúa-, es importante considerar los acontecimientos suscitados e informados de último momento sobre todo porque en los años 2018 y 2019, se presentaron indicadores que reflejaron un fortalecimiento patrimonial con crecimiento constante. Asimismo, se observaron crecimientos de los Activos Totales, alcanzando hasta la fecha US$13,739.3 millones, y en la Presa Crediticia hasta alcanzar a la fecha US$8,799.8 millones. Todo lo anterior denotaba una sostenida gestión institucional».
«…En el presente periodo se observó que los informes expuestos por la Administración al Directorio mostraban resultados positivos mes a mes. Sin embargo, ahora se recibe con sorpresa la comunicación que los indicadores son adversos al rating institucional, trasladando la responsabilidad de los riesgos generados a la concentración soberana y otras razones que pudieron anticiparse y gestionarse desde periodos atrás. Particularmente, en lo que respecta al RAC, no fue sino hasta octubre de este año que se informó de su caída de 16% a 14%, como consta en el Informe de Ejecutoría del Plan Operativo a septiembre de 2021. Todavía en el informe correspondiente al mes de agosto…»
De hecho, quienes elaboraron el documento, entre ellos, la exdirectora por Honduras Catherine Chang Carías -hija del influyente exdiputado y dirigente nacionalista Rigoberto Chang Castillo y esposa del exfiscal general Óscar Chinchilla-, indicaron en el sentido que «resulta inaceptable que no se estableciera un plan de acción técnicamente programado para estabilizar el RAC, debido a su disminución, así como que no se informara de forma oportuna al Directorio. El resultado de faltar a la obligación de transparencia en cuanto a la presentación de la información pertinente y completa, impide que se tomen decisiones debidamente sustentadas, sobre operaciones que de igual forma presentan deficiencias graves en sus fundamentos».
Asimismo, consideraron que termina resultando «preocupante que la falta de diligencia para responder a la disminución del RAC, sin embargo, este no llenó las expectativas de los directores puesto que restringía el apoyo oportuno de los países. Por lo anterior, se requiere que la Administración elabore un plan de acción creíble y realizable, que tienda a recuperar ese balance funcional entre atender las necesidades de los países y la solidez financiera de la institución».
BCIE NOMBRA INTERVENTORA PARA QUITARLE PODERES A MOSSI. La administración del banco regional realizó en ese momento un plan de acción para poder retornar a la normalidad ya que estaba impidiendo proporcionar asistencia financiera para sus países miembros, por lo que se propuso instalar una suerte de junta interventora a fin de lograr cuantificar los daños causados por la gestión de Mossi.
«Por todo lo expresado, sobre la base del informe de la Contraloría de Gobernanza de la Administración y enmarcados en el Artículo 2-01 del Reglamento de la Organización y Administración (ROA) y el Acuerdo AGOB-5/2021,se plantea la elaboración de un estudio que pueda analizar a profundidad la dinámica de la gobernanza de la institución; así como la elaboración de un plan de acción para analizar y atender, de considerarse necesario, las recomendaciones».
En consecuencia, los directores del BCIE propusieron que la junta de gobernadores diera el visto bueno para realizar una auditoría interna, por lo que se recomendó «la conformación de un panel de tres expertos internacionales externos (indicativamente, un especialista con demostrada experiencia en materia de gobernanza en entidades de la Banca Multilateral de Desarrollo, por un especialista en materia financiera y por un especialista en competitividad) para hacer un diagnóstico del Banco que posibilite generar la confianza necesaria para lo toma de decisiones por el Directorio».
Sobre el tema, el informe concluye que el panel de expertos debe elaborar un plan de acción «libre de sesgos» y que tenga «como exclusiva finalidad la determinación de los ajustes requeridos para mejorar la gestión del banco.
Según personas conocedoras de este hecho, la recuperación del BCIE se debió a la «oportuna intervención» que le valió obtener la calificación AA con «una perspectiva estable» de la calificadora de riesgos Standard & Poor’s o S&P.
«De acuerdo con S&P, la calificación del BCIE refleja su fortaleza financiera, manifestando en el perfil de riesgo institucional su papel clave en Centroamérica junto con la expansión de sus accionistas en los últimos años; además destaca el apoyo a los países miembros durante la pandemia. Menciona el fuerte apoyo de sus accionistas y un historial impecable de acreeduría preferencial. Subraya las expectativas de continuidad de la estrategia del banco en la nueva presidencia para el periodo 2025-2029», apunta un comunicado de la reconocida agencia.
PRESIDENTE DEL BCIE ADMITE QUE FUE INTERVENIDO. Por su parte, el titular del organismo internacional, admitió que se intervino a su gestión, lo que generó la disminución de las facultades que tiene como jefe del BCIE.
También denunció que lo dejaron sin opción ejercer sus funciones por lo que se vio obligado a impugnar el proceso aplicado por la junta de gobernadores.
En declaraciones a un medio capitalino, Mossi arremetió contra sus jefes superiores al alegar que el BCIE era más transparente en su administración al comunicar cada decisión al directorio; aseveró que «cuando vi que ese tipo de reformas que me las estaban echando para atrás, entonces dije: ‘no puedo trabajar de esa manera, no voy a parar de comunicar lo que considero que es público y debe estar en la palestra’… me han dejado sin voz y sin manos para actuar muchas cosas y recurrí legalmente estas posiciones”.
Un comunicado del pasado 20 de octubre, el aún presidente del BCIE comentó que el directorio le disminuyó funciones que fueron trasladados a su vicepresidente «de una manera ilegal, y ahora el este en la listo de candidatos, sugiere un vicio (sic.). Asimismo , la visita de la candidata oficial de Costa Rica a reuniones con los Directores en la reunión de Directorio de Guatemala, ha sido tomado con preocupación de la neutralidad de todo el proceso de selección. Asimismo, entiendo que es la primera vez, que el ente especializado, que es la oficina de Recursos Humanos, no conduce dicho proceso, le resta mucha credibilidad a la neutralidad política que puede tener el proceso».
En su columna semanal en La Tribuna, el analista hondureño Óscar Lanza, reveló por su lado que el presidente saliente del BCIE «se opuso a los directores en su demanda por un bono adicional del 20% de su sueldo (US$4,000) por residir en Tegucigalpa, cuando la mayoría de las sesiones son virtuales desde sus países de origen (sic.)».
También agregó que «los opositores de la reelección de Mossi, especialmente Guatemala y Costa Rica, quienes, se consideran los ungidos para dirigir el BCIE -con el apoyo de la oposición nicaragüense- han argumentado el alto financiamiento otorgado a Nicaragua, que, en los últimos cinco años, alrededor del 26% de la cartera de préstamos se destinó a ese país, lo que equivale a 3,500 millones de dólares. Y en 2022, ese porcentaje aumentó al 40% en comparación con el 21% de 2017».
No obstante, esta valoración contrasta con la postura del jefe del BCIE, quien alegó en su entrevista con una radio de Tegucigalpa, que él se limita a cumplir los procesos de solicitudes para ser evaluadas. Sobre el tema, apuntó que “recibo las solicitudes de los gobiernos, nosotros analizamos y vemos si son financiables y de serlo elevo las propuestas al directorio del banco y son ellos que votan y deciden que la operación va o no va”.
Otras fuentes coincidieron con la versión del reconocido columnista al apuntar que su salida del banco regional obedece, no solamente a la venganza taiwanesa contra Honduras -luego que dejara de reconocerla en marzo anterior para entablar contactos con la República Popular China- sino por los presuntos actos de corrupción que habría cometido Mossi en la entidad supranacional.
Al también economista se lo sindica en supuestos abusos de autoridad, mal uso de fondos del BCIE que habrían llegado a su estancamiento.
