TEGUCIGALPA, Honduras
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), mediante una audiencia de imputado, logro que un juez en delincuencia organizada dictara detención judicial en contra de nueve integrantes de la pandilla 18, por suponerlas responsables de los delitos del crimen en contra de 46 privadas de libertad, hecho que se suscitó en el penal de mujeres, Támara.
Las pandilleras procesadas son Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heydi Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarahi Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila. Todas ellas guardan prisión actualmente.
Los cargos que se les imputa a las señaladas por asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte ilegal de arma de fuego permitida.
El juzgado fijó para el próximo martes 30 de enero a las nueve de la mañana la audiencia inicial contra las encausadas.
De acuerdo con las investigaciones los hechos ya estaban planificados, las mujeres que estaban en los módulos seis y siete de la Penitenciaria Nacional Femenina Adaptación Social (PNFAS), sometieron a cuatro policías penitenciarias obteniendo el control de los módulos.
Las acusadas desconectaron las cámaras de seguridad y procedieron a matar a 23 reclusas, en su intento de evitar que las demás se escaparan incendiaron uno de los módulos en donde murieron otras 23 mujeres quienes murieron por quemaduras y asfixia.
Las victimas no pudieron salir del módulo, ya que las acusadas les disparaban desde afuera, lo que causó que perdieran la vida, unas calcinadas y otras por asfixia debido al monóxido de carbono.
Para cometer el delito las acusadas recibieron ayuda del exterior del centro penal, les facilitaron armas de fuego entre estas once pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros) y además armas de uso prohibido como fusiles, subametralladoras y un arma perteneciente a la Policía Nacional.
Las investigaciones sobre este caso continúan su curso con el propósito de individualizar a otras presuntas cómplices de este horrendo crimen que dejo 46 mujeres muertas.
