BUENOS AIRES, Argentina
Después de semanas de insultos, amenazas, postergaciones, acusaciones, el despido de un ministro, irregularidades en el dictamen oficialista, negociaciones fuera del Congreso y un clima de extrema tensión política, el pleno de la Cámara de Diputados de Argentina comenzó a debatir este miércoles la ‘ley ómnibus’, uno de los proyectos centrales del presidente Javier Milei.
El Gobierno llega a esta jornada, crucial para el mandatario, sin la certeza de que la ley sea votada a favor en lo general, y mucho menos en lo particular, ya que tiene una bancada minoritaria de 38 curules, de un total de 257.
La oposición, en tanto, acude a la sesión dividida entre 37 legisladores que apoyan incondicionalmente a Milei; 104 que ya advirtieron que rechazarán toda la ley; 66 que votarán a favor en lo general, pero impugnarán artículos individuales; y 12 que no han definido del todo su postura.
Para que la ley sea aprobada se necesitan por lo menos 128 votos que, al comienzo del debate parlamentario, el Gobierno todavía no tiene garantizados. Por eso, la incertidumbre cubre una sesión que se postergó dos veces, que logró concretarse luego de negociaciones frenéticas, y que, según las advertencias de varios legisladores, puede durar entre 30 y 50 horas.
Uno de los factores que más afectaron el proceso fueron los incesantes insultos que Milei lanzó a los diputados que cuestionaban la ley. Desde que la presentó a fines de diciembre, los llamó «coimeros» (corruptos), «extorsionadores», «mentirosos», «miembros de la casta» y «usurpadores de votos» que querían «seguir haciéndose millonarios».
Además, a los gobernadores que también exigían cambios en varios capítulos, los amenazó con recortarles de manera drástica los fondos que el Estado nacional envía a las provincias.
Las amenazas, de hecho, costaron el primer cambio de gabinete, ya que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue despedido por haber filtrado que Milei había advertido que dejaría «sin un peso» a los gobernadores.
A pesar de las agresiones, los diputados de la oposición «dialoguista», se mostraron dispuestos a seguir respaldando la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue rebautizada como ‘ley ómnibus’ porque, en su versión original, abarcaba cientos de leyes que transformaban por completo el funcionamiento del país en términos políticos, económicos y sociales e imponía la ideología de ultraderecha de Milei.
Cuando el presidente presentó la ley a fines de diciembre, el Gobierno afirmó de manera reiterada que no cambiará ni cedería ni negociaría nada porque era la única manera de terminar con «la decadencia argentina» y, en caso de no aprobarse, estallaría una crisis «de proporciones bíblicas».
Sin embargo, la presión de múltiples sectores sociales que acudieron a las audiencias en comisiones en la Cámara de Diputados, más las inconformidades de la oposición obligaron al Gobierno a modificar el proyecto.
En el primer borrador, la iniciativa tenía 664 artículos, pero en la primera criba fue reducido a 523. El viernes pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en una inesperada y nocturna conferencia de prensa que sacarían todo el capítulo relativo a reformas fiscales.
De esta manera, la ley ya quedó de 386 artículos, es decir, 278 menos de los presentados originalmente.
La ley fue impugnada socialmente desde el principio y, de acuerdo con una encuesta reciente, llega a su debate en Diputados rechazada por el 61,5 % de los ciudadanos. Para este miércoles ya están convocadas varias movilizaciones al Congreso.
El día que fue presentada, hubo ‘cacerolazos’ en las principales ciudades del país por la magnitud de los cambios que quería imponer el mandatario.
Las protestas tuvieron su epicentro el pasado 24 de enero, cuando, en el marco del paro general convocado por las principales centrales sindicales, decenas de miles de personas salieron a impugnar la ‘ley ómnibus’ que, para ese momento, culminaba un escandaloso proceso parlamentario.
Horas antes del paro general, tres comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen de mayoría a favor de la propuesta del oficialismo, pero el resto de las bancadas presentaron otros tres dictámenes de minoría.
El problema para el Gobierno es que 34 de los 55 diputados que votaron a su favor lo hicieron «en disidencia», lo que significa que no avalaban todo el proyecto y que iban a promover más cambios ya en el recinto.
En medio de la intensa discusión pública, se descubrió que los diputados oficialistas y aliados habían firmado un documento sin leerlo y que se siguió redactando en la casa de un operador político después de haber sido aprobado, lo que es ilegal.
Además, los periodistas que cubren la Cámara de Diputados denunciaron que, 14 horas después de haber sido aprobado, todavía no se conocía el dictamen del Gobierno, lo que es una irregularidad porque se trata de documentos públicos que suelen distribuirse enseguida, después de haberse firmado.
El Gobierno tuvo que sacar algunos de los capítulos más conflictivos de la ley, como las retenciones a los exportaciones agrícolas; la reforma electoral que abría la puerta al financiamiento privado de las campañas y eliminaba las elecciones primarias de candidatos; el mecanismo de actualización de las jubilaciones; y la desregulación de los mercados de biocombustibles, pesca e hidrocarburos.
También dio marcha atrás en la desaparición del Fondo Nacional de las Artes (Fonca), el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Pero todavía hay apartados que la mayoría de los diputados opositores no quieren avalar.
Uno de los artículos más controvertidos proponía la «delegación de facultades legislativas» para Milei en materia financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, y que regiría hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prorrogarlo un año más.
Esto le permitiría al presidente emitir las leyes a su gusto en esos rubros sin necesidad de pasar por el Congreso, lo que es rechazado por parte de la oposición.
Como parte de la negociación, el Gobierno sacó de esa lista las materias previsional (pensiones y jubilaciones), defensa, sanitaria y social, lo que implica que no podría emitir leyes por decreto en esas áreas.
Otros artículos impugnados se refieren a la privatización de empresas públicas o la criminalización de la protesta social, que dejaría de ser un derecho constitucional para convertirse en un delito, lo que ya fue cuestionado incluso por Naciones Unidas.
Además, el documento mantiene la limitación al derecho a huelga de los empleados públicos y se les impide ejercer militancia política; avala el ‘gatillo fácil’ e impide que las víctimas de violencia institucional no puedan demandar a las fuerzas de Seguridad por los abusos que cometan; reduce el impuesto a la riqueza y abre la posibilidad de arancelar la universidad a extranjeros. (Con información de RT).
