TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de un comunicado rechazó las amenazas y el discurso de odio, luego de la presentación del informe sobre el índice Percepción de Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional.
Asimismo, el gobierno de EE.UU., a través de su embajadora Laura Farnsworth y el subsecretario de Estado Brian Nichols mostraron su preocupación por los «ataques» contra la oenegé.
En tanto, desde el mismo Ejecutivo salieron al paso de los señalamientos; el secretario de la Presidencia Rodolfo Pastor y el canciller Enrique Reina aclararon que no hay amenazas contra el organismo.
Y es que la ASJ expresó en el comunicado “rechazamos las amenazas emitidas por altos funcionarios y el discurso de odio destinado a desacreditar a una organización de la sociedad civil”.
“Es fundamental recordar que en una auténtica democracia se protegen y fomentan los espacios cívicos donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde la participación ciudadana es valorada y respetada” dice el comunicado.
Es importante señalar los riesgos que enfrenta el espacio cívico en nuestro país, la sociedad civil desempeña un papel vital en la supervisión de las acciones gubernamentales y en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos” dice el documento.
Asimismo, indicó que la organización está dispuesta a trabajar junto con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para impulsar los cambios que el país necesita para mejorar el bienestar de la población.
“Nos sumamos al llamado de la presidenta Xiomara Castro para unir hoy esfuerzos por Honduras y convertir los próximos dos años en un periodo de éxito para ella y para toda nuestra nación”, se consignó.
«Creemos firmemente que el diálogo constructivo y la colaboración son fundamentales para mejorar los servicios en áreas como la salud, educación, seguridad y acceso a la justicia hoy transmite alegría para todos los hondureños», menciona el documento.
Asimismo, Transparencia Internacional también se pronunció y condenó las recientes declaraciones de las autoridades de Honduras «dirigidas contra nosotros y nuestro capítulo».
Aseguró que las puntuaciones del IPC, se basan en datos de 13 indicadores elaborados por 12 organizaciones independientes y de gran reputación como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Word Justice Project entre otras.
Aclararon que Transparencia Internacional y su red de capítulos no contribuyen en modo alguno a la elaboración de dichas evaluaciones, por lo tanto el resultado final del IPC, «refleja las opiniones de expertos y empresarios independientes no las de Transparencia Internacional o nuestros capítulos».
En el 2023 el IPC, reveló el estancamiento de Honduras con la lucha contra la corrupción; la puntuación del país de 23 sobre 100 no ha cambiado en los últimos tres años, la falta de progreso refleja el debilitamiento sistemático de las prácticas democráticas y la falta de independencia del Poder Judicial.
El diputado del Partido Nacional Ramón Carranza calificó a través de su red social X calificó de inaceptable cualquier amenaza contra la ASJ y su personal, “es inaceptable lo que vive Honduras, mi solidaridad con todo el personal de ASJ ante las amenazas de muerte e intimidación luego de presentar su informe sobre corrupción”
Añadió “al gobierno actual le recuerdo sus compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, es un instrumento crucial en su lucha, en su artículo nueve enfatiza la importancia de la cooperación entre los Estados y las organizaciones no gubernamentales en la prevención y lucha contra la corrupción”.
Entretanto, Pastor aseveró que no tiene conocimiento de ninguna amenaza en contra de la ASJ, “no concuerda con la naturaleza y filosofía de nuestro gobierno”.
«No quisiera creer que el hecho de que hemos cuestionado el papel que ellos han jugado sea interprete como una amenaza», y manifestó que “no está de acuerdo con el informe donde Honduras esta entre los cinco países más corruptos de América Latina”.
El canciller Reina manifestó que “la ASJ debería ser evaluada por el pueblo hondureño, debería hacerse una encuesta sobre cómo percibe el pueblo a la ASJ después de todos los procesos en que avaló al narcoestado de Juan Orlando Hernández”.
Además, se preguntó sobre lo hecho por la ASJ en el mandato de Juan Orlando Hernández y se cuestionó «¿dónde quedó la depuración policial, el tema de la justicia? todo probó ser un desastre».
