TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público anunció que enviará un equipo especializado de fiscales hondureños al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, el cuál está programado para iniciar el próximo lunes 12 de febrero en Nueva York.
Debido a la importancia de este juicio y a la información que se puede desprender a lo largo de su desarrollo, el fiscal general Johel Zelaya informó que previa declaración jurada de los funcionarios conformó un equipo de fiscales que estará presente en la audiencia del tribunal federal, donde se desarrollará el caso.
De acuerdo con la fiscalía, la función de este equipo de fiscales, será recopilar información que surja del juicio e informar a las autoridades superiores del Ministerio Público, para dar alta prioridad a nuevas investigaciones o ampliar las líneas ya existentes en torno a casos de criminalidad organizada y narcotráfico.
Se destacó que los mismos son miembros de la fiscalía general, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (Ufadpol), y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
El ente acusador afirmó que con toda la información que se reciba desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, otro equipo de fiscales, investigadores y peritos analistas, estarán aquí en Honduras procesando los datos para proceder, sí así lo amerita el caso contra las personas, empresas o grupos que se han mencionado durante el desarrollo del juicio.
De esta manera, el organismo reitera que trabaja de forma responsable contundente contra el delito donde quiera que se encuentre, sin contemplación alguna al mismo tiempo que garantiza la no impunidad.
El expresidente Hernández, es acusado por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego quién además habría participado en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importancia de cientos de miles de kilogramos de cocaína a EE.UU., detalla el comunicado.
Además, se le acusa de haber recibido millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden y del ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
