TEGUCIGALPA, Honduras
El Departamento de Estado de EE.UU. informó en su reporte de DDHH en todo el mundo durante 2023 que halló «abusos por el estado de excepción, así como la grave corrupción gubernamental en Honduras».
El informe revela abusos durante el estado de excepción, restricciones a la libertad de expresión, corrupción gubernamental, debilidad en el sistema judicial y persecución de activistas comunitarios.
También se incluyen los abusos sociales, donde se destacan los feminicidios y muertes contra miembros de la diversidad sexual, discriminación contra los pacientes de VIH-SIDA y violencia de género.
Asimismo, menciona que dichas acciones «preocupan al Departamento de Estado» norteamericano por la grave situación que está viviendo el país.
“Las denuncias de prácticas de tortura son alarmantes, así como de detenciones arbitrarias realizadas por las fuerzas de seguridad, captando la atención de EE.UU.”, detalla parte del informe.
Cabe resaltar que el Ministerio Público (MP), reportó cinco informes hasta el mes de Julio de 2023 y el Conaprev, recibió 45 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos. Seguidamente, las detenciones arbitrarias preocuparon a las autoridades estadounidenses, principalmente las realizadas durante el estado de excepción.
Mientras que la corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad.
La corrupción en el gobierno también fue señalada en el informe, al indicar que la ley preveía acciones penales por corrupción de los funcionarios, pero las autoridades no la implementaron de manera efectiva, generando que estos continuarán en prácticas corruptas con impunidad.
El informe subraya que el 23 de mayo, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó haber recibido denuncias oficiales contra la exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámites irregulares y presuntos cobros de soborno.
Respecto a la prisión preventiva, el informe señala que la ineficiencia judicial fue uno de los factores que retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal, generando detenciones preventivas prolongadas que se volvieron un problema grave.
De igual forma, la delegación de juicios públicos justos llamó la atención, del Departamento de Estado, pese a que la ley preveía un Poder Judicial independiente, «no hay equipamiento y el cual a menudo era ineficaz y sujeto a intimidación, corrupción, politización y clientelismo».
Otro tema que no pasó por alto fue el de las sociedades civiles, al destacar que altos funcionarios de gobierno, criticaron a la sociedad civil y a los miembros de la comunidad internacional por comentarios presididos como críticas hacia el gobierno, las que tuvieron «un efecto paralizador» sobre la libertad de expresión.
En tanto, periodistas y representantes de derechos humanos y sociedad civil se autocensuraron por temor a recibir acoso y represalias de parte del gobierno y sus partidarios. O
tros denunciaron actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios, denuncias que no fueron investigadas adecuadamente por las autoridades.
