BUENOS AIRES, Argentina
Las centrales sindicales de Argentina realizan este jueves el segundo paro nacional desde que asumió el presidente Javier Milei, con un alto grado de acatamiento que paralizará durante 24 horas la economía del país sudamericano.
Calles semivacías; oficinas estatales, escuelas, bancos, comercios y restaurantes cerrados; vuelos suspendidos; escaso transporte público y hospitales únicamente con atención de emergencia son algunos de los efectos de la jornada de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA, que está dividida en dos fracciones).
A diferencia de la huelga anterior, que se llevó a cabo el 24 de enero, en esta ocasión no hubo marchas sino solamente un cese de tareas que se concretó bajo el lema: «la patria no se vende».
Los motivos del reclamo son múltiples. Por ejemplo, contra la reforma laboral que promueve el Gobierno en la Ley Bases que discute el Congreso y que profundiza la precarización de millones de trabajadores.
También se debe a la crisis económica que se ha agravado y que, en solo cinco meses, ha incrementado drásticamente la pobreza, que hoy ronda el 50 %, en tanto que los salarios registran una pérdida del 17 % de su poder adquisitivo.
Además, en medio de un escenario de recesión, hay una caída del 21,2 % en la industria y del 42,2 % en la construcción, datos oficiales que se dieron a conocer en vísperas del paro.
Horas antes del inicio de la huelga, Milei publicó una fotografía en la que se mostró sonriente y con una camiseta que tenía plasmada la frase: «Yo no paro».
Los funcionarios del gabinete se sumaron luego a la campaña para contrarrestar la protesta.
«Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad», escribió en sus redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo.
«La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino», añadió.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por mostrar fotografías de supuestos destrozos contra autobuses de una empresa que no adhirió al paro.
«No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar», señaló al reiterar que quienes sean «obligados» a parar pueden realizar una denuncia anónima en la línea telefónica que el Gobierno abrió con este propósito.
El vocero Manuel Adorni ya había advertido que a los trabajadores estatales que se sumen al paro se les descontará el sueldo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aseguró esta mañana que el paro alcanzó un 97 % de adhesión a nivel nacional en este sector.
«Los intentos del Gobierno por infundir miedo y temor fueron infructuosos. Salvo aquellos que garantizan guardias mínimas en servicios esenciales, ningún estatal concurrió a trabajar. En este momento, la adhesión a la medida es casi total en todo el país», afirmó al recordar que los empleados estatales no paran «por deporte» sino obligados por el Gobierno.
«Su política económica, la reducción de los salarios reales y los despidos son solo algunas de las causas de nuestra decisión. Tenemos un Gobierno que se arrodilla ante el poder extranjero y traza así un camino de servidumbre. Nosotros tenemos que demostrar que nunca nos vamos a arrodillar. El plan de lucha en el Estado no se va a detener», explicó.
Por otra parte, Rubén Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria (trabajadores del transporte ferroviario), y Eduardo Belliboni, del Partido Obrero, advirtieron que si el Gobierno no responde a las demandas de esta jornada masiva, van a promover una tercera huelga general, pero de 36 horas. (Con información de RT).
