Andrea Pochak es la comisionada relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Honduras. Se encuentra actualmente en el país para la presentación del Informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras 2024, que el día de ayer fue entregado al Vicecanciller Gerardo Torres y a la Secretaria de Estado en los despachos de Derechos Humanos, Angélica Álvarez.
El informe de la CIDH reconoce que han existido avances para el respeto y protección de los derechos humanos en Honduras por parte de la administración de Xiomara Castro, pero también pone el dedo en el renglón de problemáticas que persisten en el país, como la violencia estructural contra las mujeres, una institucionalidad débil y alta discrecionalidad de la presidencia del Poder Legislativo. Asimismo, señala con preocupación los discursos estigmatizantes por parte de las autoridades estatales y el debilitamiento del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos (SNP), adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos.
Conversamos con Andrea Pochak para conocer en profundidad los puntos de vista de la CIDH sobre este informe.
La CIDH registra en su informe varias amenazas al espacio cívico en Honduras por parte del Estado hondureño. Desde la sociedad civil, ¿cómo se puede hacer frente a estas amenazas para evitar que éstas degeneren en una situación similar a la de otros países en la región?
Existen lamentablemente muchos países de la región donde la Comisión está haciendo llamamientos por el cierre de espacios cívicos. Es muy importante fortalecer el rol de los defensores y las defensoras de derechos humanos, que lamentablemente en Honduras sufren muchos riesgos, muchas amenazas por su trabajo, sobre todo en materia territorial. Los defensores que están en zonas rurales defendiendo la tierra, defendiendo el ambiente, sufren amenazas hechos de violencia por parte de sectores privados, no solamente estatales, y la Comisión Interamericana ha debido llamar la atención y ha dictado medidas cautelares en ese sentido. Es muy importante también fortalecer el rol de la prensa y fortalecer la seguridad de los periodistas. Es en este sentido, la Comisión hace un llamamiento al Estado en una de las recomendaciones para que se fortalezca el mecanismo de protección de periodistas y de defensores. La labor de los periodistas, de los defensores y defensoras de derechos humanos es crucial para fortalecer la democracia en los países.
Uno de los elementos que resalta el informe de la CIDH es la elección de funcionarios de segundo grado en el Congreso Nacional. ¿Qué se puede hacer al respecto de lo que se conoce como la «repartición» de cargos por partidos políticos?
La Comisión reconoce avances en estos procesos de designación de la Corte Suprema o del Fiscal General en relación con períodos anteriores, porque entiende que los procesos de nominación y postulación cumplieron con los requisitos y fueron considerados muy importantes. En todos los países de la región intervienen dentro de los congresos las fuerzas políticas al momento de designar jueces, juezas y fiscales. Retirar la posibilidad de que haya una decisión política en los procesos de designación no es un mandato del sistema interamericano. Lo que tiene que existir es mayor transparencia para que la ciudadanía pueda acompañar estas decisiones y que tengan legitimidad. La Comisión Interamericana hace un llamado a superar la impunidad y el Fiscal General tiene una oportunidad muy grande para superar la impunidad en Honduras, más allá de los cuestionamientos que pudo haber tenido su designación. Ahora es momento de legitimar su mandato con reformas importantes, con un desempeño mucho más fuerte del Ministerio Público para superar los índices de impunidad que existen en Honduras.
«El Fiscal General tiene una oportunidad muy grande para superar la impunidad en Honduras, más allá de los cuestionamientos que pudo haber tenido su designación,»
– Andrea Pochak, comisionada relatora de la CIDH para Honduras
El informe pone sobre relieve varios avances en legislación que ampara los derechos políticos de las mujeres. No obstante, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral aún no han aplicado la ley en lo concerniente a varios casos de violencia política contra mujeres. ¿Qué le compete a los órganos electorales para evitar y penalizar la violencia política de género en el sistema partidario del país?
La violencia contra las mujeres en Honduras es un patrón sistemático y se ve en materia política, pero también en materia doméstica. Las mujeres también son víctimas de violencia por el crimen organizado. La violencia contra las mujeres atraviesa toda la sociedad hondureña y esto es un patrón que hay que resolver de manera urgente. Es uno de los países con mayor violencia contra las mujeres. Tiene que cambiar la cultura, definitivamente; la cultura machista y patriarcal, que es la que impera en este país.
Nosotros reconocemos en el informe algunos avances, vinculados con la institucionalidad en la defensa de los derechos de las mujeres. Esto es muy importante. También hemos visto con buen agrado a muchas mujeres que ocupan cargos importantes (en el gobierno). Esto es un paso importante, pero no suficiente. Hay que seguir trabajando y es muy importante la visibilización; que la violencia contra las mujeres, sea en el ámbito electoral, sea en el ámbito doméstico, sea en el ámbito de la seguridad ciudadana, esté visibilizada.
Para la CIDH, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos ha sido un eje de importancia fundamental. Este mecanismo ha estado envuelto en una serie de controversias desde que la administración actual asumió el poder, y actualmente se encuentra altamente diezmado. ¿Cómo se puede fortalecer este mecanismo?
En el informe hemos llamado la atención sobre el debilitamiento de este mecanismo. Si el mecanismo es débil, no puede proteger a los periodistas ni a los defensores. Hemos visto un retraso muy importante en los comités de riesgo, en los comités técnicos, que son los que tienen que evaluar los riesgos. Hemos tenido reuniones en los últimos tiempos y, sobre todo en los últimos días, con las autoridades que nos han dicho que están en un proceso de fortalecimiento de contratación de nuevas personas.
Hemos tenido también contacto con algunos defensores que están cautela por la Comisión Interamericana, que han empezado a tener reuniones con el mecanismo. Hemos tenido reuniones con el nuevo titular. Esperamos poder ver los resultados. La Comisión está siempre a disposición para fortalecer este mecanismo que nos parece crucial.
El informe subraya los discursos polarizantes de altos funcionarios estatales contra la prensa hondureña, especialmente contra medios y periodistas que han hecho crítica de las acciones del gobierno actual. ¿A qué responde esta reciente práctica del gobierno de involucrarse en altercados con la prensa? ¿Qué consecuencias puede tener esta práctica a la larga?
Estamos advirtiendo en muchos países este debilitamiento del debate público, en donde se dice cualquier cosa sin medir las consecuencias de lo que se dice. Los y las funcionarias tienen una responsabilidad fundamental en lo que dicen. Por supuesto tienen la libertad de expresión y pueden decir lo que crean, pero tienen que cuidar que sus discursos no sean violentos, no sean estigmatizantes. Tienen una mayor responsabilidad que el resto. Pero también encontramos, lamentablemente, discursos estigmatizantes en gran parte de la sociedad. Lo que tiene que hacer la autoridad es revertir ese tipo de debate público en la sociedad. Tiene que contrarrestarlo. Estos discursos que muchas veces estigmatizan luego terminan en hechos violentos, de manera que toda la sociedad tiene responsabilidad en terminar con los discursos de odio que generan hechos violentos. Hay una responsabilidad mucho más fuerte de las autoridades, de quienes ejercen en los cargos públicos, porque son los que generan, en todo caso, mucha más influencia en ese debate público.
La Comisión está prestando mucha atención. Esto no es un discurso que está permitido por la Convención Americana, no está consentido por la libertad de expresión: discursos estigmatizantes, discriminatorios, discursos de odio.
«(Las autoridades) tienen libertad de expresión y pueden decir lo que crean, pero tienen que cuidar que sus discursos no sean violentos. Tienen una mayor responsabilidad que el resto.»
– Andrea Pochak, comisionada relatora de la CIDH para Honduras
Las mujeres periodistas representan la conjunción de dos grupos en situación particular de riesgo. ¿Cuáles considera que son las consecuencias estructurales en Honduras de la violencia en el ejercicio periodístico de las mujeres?
La Comisión Interamericana hace varios informes sobre el impacto diferencial que tiene la violencia contra mujeres periodistas y cómo impacta en sus familias. Que las mujeres sufran amenazas en su trabajo, tengan que cambiar su trabajo, tengan que cambiar la rutina, cómo la situación de riesgo que atraviesan las mujeres periodistas impacta también sobre sus familias, cómo en realidad hay también una estigmatización de las mujeres periodistas por ser mujeres, donde se considera que acceden a esos lugares o tienen determinadas opiniones simplemente por ser mujeres o por otras razones que no son profesionales.
La Comisión hace un llamado de atención muy fuerte para visibilizar el impacto diferencial que tiene la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos, en el aspecto electoral, en el aspecto del periodismo, estructural, doméstico. Honduras merece cambiar este patrón de violencia estructural. La violencia contra las mujeres periodistas es un tema de atención y que merece también una recomendación específica de la Comisión Interamericana.
¿Qué mensaje envía la impunidad en los casos de violencia contra mujeres periodistas?
Cuando hay impunidad se genera el mensaje de que está permitida la violencia, de que está naturalizada la violencia, de que no hay consecuencias. Por lo tanto fomenta la repetición de los hechos. La impunidad es muy lesiva para la credibilidad sobre la justicia y sobre la democracia. Por eso hacemos siempre hincapié en la necesidad de investigar y sancionar a los responsables materiales de las amenazas o de las agresiones físicas, pero también a los autores intelectuales, quienes están detrás. El caso de Berta Cáceres en Honduras es paradigmático, y es algo que la Comisión Interamericana está siguiendo. Puede haber autores materiales que están condenados, pero hasta que no se investigue seriamente a todas las partes involucradas la impunidad va a seguir.
¿Qué medidas pueden tomarse desde la sociedad civil para fomentar la protección de las mujeres periodistas y su libre ejercicio en Honduras?
Seguir reclamando por los derechos es un primer paso. La sociedad civil tiene que seguir reclamando, tiene que generar espacios de diálogo e impulsar espacios de diálogo con el Estado, y tiene que fomentar que las instituciones del Estado respondan a sus demandas. Cuando las instituciones del Estado no responden, no las citan, no las convocan, no pueden participar. Si la sociedad civil no puede participar en esos espacios, para eso también están los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, para acompañar ese trabajo, esa labor de la sociedad civil.
