TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público libró este martes requerimiento fiscal contra el exsecretario de gobernación, Leonel Ayala, sindicado en la compra irregular de siete camiones contraincendios, asignados al Cuerpo de Bomberos, cuyo costo alcanza los 81 millones de lempiras.
El organismo indicó que dos personas más también se les emitió requerimiento, entre ellos, a Wilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velásquez, quienes eran asesores de Ayala mientras fungió en el cargo.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) fue la responsable de la emisión del requerimiento contra el exalto funcionario «por el delito de estafa a título de autor, a quien se le acusa de orquestar una defraudación al Estado de Honduras mediante la compra de siete camiones para el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo costo total asciende a 81 millones 010 mil 658 lempiras con 28 centavos».
Asimismo, fue requerido Kerin Francisco Maldonado Aguilar, «supuesto representante legal en Honduras de la empresa israelí B SAFE Security, enfrenta cargos por estafa a título de autor y uso de documento falso».
«Las investigaciones señalan que Ayala Alvarenga y sus asesores presionaron para que se realizara la compra directa a B SAFE Security, una empresa que no estaba registrada legalmente en el país. A pesar de saber que no había fondos suficientes, amenazaron con despidos en la institución benemérita y gestionaron transferencias de las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula a las cuentas del Cuerpo de Bomberos para concretar la estafa», apuntó el ente acusador.
«Maldonado Aguilar, por su parte, presentó una oferta engañosa que prometía camiones nuevos de la marca alemana MAN con tecnología avanzada para combatir incendios al contrario se adquirieron vehículos con fallas mecánicas y técnicas graves», se supo.
«Según peritaje forense, se encontraron irregularidades en el estampado de la serie del motor y la carrocería de los automotores no corresponde a la marca MAN», se informó.
De acuerdo a las investigaciones, los camiones adquiridos no son aptos para trasladar agua, su peso es inadecuado y su gran tamaño los hace imposible de maniobrar en las estrechas vías de estas ciudades, lo que no solo evidencia una grave deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos, sino que también pone en peligro la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante emergencias.
