TEGUCIGALPA, Honduras
La portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars informó que el Ministerio Público solicitó una pena de 87 años para el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara Pedro Aguilar Orellana por el asesinato de tres personas y asociación para delinquir.
De acuerdo con el MP Aguilar Orellana debería recibir una pena de 23 años de prisión por cada asesinato y 18 años por el cargo de asociación ilícita, dicha solicitud se presentó en la audiencia de individualización en el Tribunal de Sentencia.
Villars detalló que se presentó una solicitud en la que se solicita 23 años de reclusión por el asesinato de Kevin Ruiz Ramírez y Guadalupe Milla y 28 años por el asesinato de Oscar Humberto Ramírez.
Además, el ente acusador solicitó una pena de 13 años de reclusión por el delito de asociación ilícita lo cual suman 87 años de prisión y adicionalmente una se le solicitó una multa de 750 mil lempiras.
“El tribunal comunicará en los próximos días la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de lectura de sentencia donde se establecerá la duración de la pena que deberá cumplir por los delitos de los que fue hallado culpable”, detalló.
Por su parte, la defensa del exedil abogó a los jueces a imponer multas mínimas que son 20 años de prisión por asesinato y 10 por asociación ilícita debido a que la evidencia presentada no es suficiente para justificar dicha condena.
El abogado defensor, Juan Carlos Berganza, anunció que interpondrá un recurso de casación en contra de la resolución, “la prueba presentada por la fiscalía es una aplicación descargada de internet y que consistía en un identificador de llamadas, vamos a demostrar que esta sentencia carece de legalidad”.
Aguilar Orellana fue capturado el pasado 28 de noviembre acusado de participar en el asesinato de cuatro personas, por lo que las autoridades lo vinculan como líder de una organización criminal que opera bajo su mando.
De acuerdo con la información de las autoridades también proporcionaba a esta banda criminal diferentes tipos de armas de fuego, municiones, vehículos y dinero para llevar a cabo acciones ilícitas.