TEGUCIGALPA, Honduras
El fiscal general Johel Zelaya emplazó al presidente del Congreso Nacional Luis Redondo para que en un plazo de 72 horas ponga a disposición del Ministerio Público (MP), la documentación e información electrónica sobre el caso de la red de diputados.
Estos casos fueron conocidos por sus vínculos con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señaló Zelaya.
A través de la red social X Zelaya aseveró que “a partir de la orden que emití para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el Congreso y ante la negativa y la obstrucción a cumplir con la ley; e instruido a los agentes fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la corrupción pública (Fetccop), requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo Guifarro”.
El fiscal advirtió que la obstrucción a las investigaciones será tratada con la firmeza que corresponde según la Constitución de la República, y añadió que “el MP ya tiene investigaciones en curso sobre los protagonistas de la corrupción”.
La orden del fiscal requiere la entrega de documentación e información relacionada con las líneas de investigación vinculadas a presuntos actos de corrupción que se originan en el marco de una investigación amplia sobre irregularidades en este poder del Estado.
Zelaya subrayó que los días de ocultar crímenes en el Congreso terminaron por lo que las autoridades iniciaron con el secuestro de documentos del Poder Legislativo, “la inmunidad no es impunidad y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado”.
Por su parte Redondo aseguró que está a la disposición de entregar toda la información que esté en el Congreso, “desde 2022 denuncié la corrupción pública/privada de la narcodictadura, que saqueó el Estado por 12 años y siete meses”.
Señaló que valora la iniciativa del fiscal para iniciar investigaciones relacionados con la red de congresistas que se confabularon para entregar el territorio, vender la Corte Suprema de Justicia y negociar los contratos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los de energía y trasladar a las oenegés fondos para la corrupción”.
