TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunciaron los procesos de nombramientos y el traslado de jueces y magistrados del Poder Judicial al margen de los procedimientos legales que amenazan la independencia judicial y fomentan la impunidad.
Ambas organizaciones alertaron que estos movimientos se están realizando de forma arbitraria y contravienen las normas legales, por lo que podría tener serias repercusiones en la transparencia de la justicia en el país.
El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA, César Espinal expresó “con esos traslados se han irrumpido el reconocimiento y respeto de las garantías constitucionales y estándares internacionales”.
“Hay nombramientos, traslados y destituciones de jueces y magistrados que consideramos que son objetivo de tinte político con el propósito de concentrar el poder y control de este”, dijo Espinal.
El representante del CNA indicó que según las denuncias presentadas por los afectados se han detectado aproximadamente 24 casos irregulares relacionados con traslados y nombramientos.
Advirtieron que esta situación socava los principios fundamentales de legalidad, la transparencia e inamovilidad del cargo, que son fundamentales para garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente.
Asimismo, se destacó que los traslados arbitrarios son de jueces y magistrados particularmente de aquellos que ocupan posiciones clave en el circuito especializado en criminalidad organizada y corrupción.
De acuerdo con el comunicado estas acciones violan la garantía reforzada de inamovilidad de los jueces por lo que socavan su independencia y condicionan sus decisiones judiciales.
Estos movimientos no solo responden a intereses políticos, sino que están diseñados para concentrar el poder en manos de unos pocos y controlar el curso de investigaciones cruciales que podrían afectar a actores políticos.
Al socavar la estabilidad laboral de los jueces y poner en riesgo su progreso profesional también se les expone a presiones externas que alimentan la corrupción y perpetúan un ciclo de impunidad, la corrupción y el debilitamiento del Estado de Derecho.
La Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado a promulgar una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que garantice la Independencia en los procesos de nombramiento, traslado, ascenso y separación de jueces y magistrados.
Finalmente, el CNA a y la ASJ hacen un llamado urgente al Poder Judicial para eliminar las prácticas que concentran poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y perpetúan el control político sobre el sistema judicial.
La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Es imperativo garantizar un sistema judicial que opere con integridad, alejado de las influencias políticas y que esté al servicio de la justicia y la ciudadanía concluyó el comunicado.
