TEGUCIGALPA, Honduras
El comisionado del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Mario Díaz con relación a la ejecución del pago de las pensiones a los maestros jubilados con la Ley de 1980 dijo que antes de ejecutar la resolución se debe consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala Constitucional ordenó que se les pague la pensión a los docentes que fueron jubilados con la Ley de 1980 y eliminó la reforma de 2012, “es importante que nos aclaren si esa planificación debe estar en función de la solvencia patrimonial con que cuenta el instituto o no se debe tomar en cuenta, eso haría una gran diferencia”.
Díaz explicó que en los incisos tres y cuatro del fallo, se establece que para realizar los pagos el Inprema debería tener un plan financiero para montar un programa presupuestario.
“Debemos consultarle a la CSJ si ese plan financiero va en función de la asignación financiera o de la solicitud que recibamos”, expresó.
Díaz señaló que en la base de datos del Inprema hay alrededor de ocho mil maestros jubilados que reciben pensión de la Ley de 2012, pero que empezaron su cotización con la normativa de 1980.
Agregó que los docentes que empezaron a recibir su pensión con la Ley del Inprema en 2012 tienen un beneficio económico superior a la normativa de 1980, por lo que él comisionado cuestionó “¿Qué vamos a hacer con esos maestros?, ¿vamos a congelarles la pensión, vamos a pedir que devuelvan el beneficio o podrán conservar el derecho de retirarse con la Ley de 2012”.
Aseveró que, si se les tienen que pagar con Ley del Imprema de 1980 en base al presupuesto en la institución no tendrán problemas para darles la pensión, sin embargo, advirtió que si se les tiene que pagar en base a la solicitud de los maestros, esto implicaría un déficit y no podrían resistir el colapso de la institución.
Díaz advirtió que se requiere de tiempo para revisar las pensiones, reajustarlas y hacerle un escenario individual a cada profesor, “esto nos triplicaría el déficit de la institución ya que los costos pueden llegar hasta 30 mil millones de lempiras”.
Según las autoridades del Imprema esta sentencia es conforme al derecho y se garantiza el derecho de los maestros, si embargo causaría un impacto de unos 130 millones de lempiras en las finanzas de la institución.
