Excontador de Investh recibe cinco años de prisión por corrupción durante pandemia de covid

Redacción El Pulso21 enero, 2025

TEGUCIGALPA, Honduras 

El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), logró una pena de cinco años en contra del excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Carlos Luis Guevara Mondragón, por su participación en una fraudulenta compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19.

Guevara Mondragón también fue condenado a pagar una multa de 39 millones de lempiras y la inhabilitación por el doble de tiempo de prisión, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en concurso ideal por la adquisición irregular de 474 mil mascarillas entre los meses de abril y mayo de 2020.

Esta acción se realizó cuando el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud en todo el territorio nacional.

Según las investigaciones los exfuncionarios de Investh se confabularon con las empresas grupo G y T SA de CV y Germar Ferretería para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.

Asimismo, se descubrió que Marco Bográn, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, las investigaciones determinaron que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo G y T de Lagos Romero ya que una vez que se hizo efectivo el pago se emitió un cheque de más del 95 por ciento del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Por este fraude obtuvo una pena de seis años de reclusión más una multa por el monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena en contra de Bográn Corrales.

Entretanto el exadministrador de Investh Alex Alberto Moraes únicamente se le condenó por la violación de los deberes de los funcionarios y se le decretó la inhabilitación especial por cuatro años con seis meses.

Los demás imputados en este caso están prófugos de la justicia por esta compra superior a los 39 millones de lempiras entre ellos la especialista administrativa y financiera Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T Juan José Lagos Romero.

 

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