TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022.
Este recurso cuestiona la suspensión de garantías constitucionales establecidas en el decreto ejecutivo PCM 29-2022 hasta el PCM-30-2025 al considerar que vulneran los derechos de la ciudadanía y contravienen el marco constitucional y los tratados internacionales suscritos.
El estado de excepción adoptado por el gobierno desde hace más de dos años ha privado a la población de derechos constitucionales fundamentales como la libertad de asociación, reunión, circulación y la movilidad del domicilio.
De igual manera esta medida tiene un tiempo de depuración limitado que no se debe exceder de 45 días a menos que se dicte un nuevo decreto que implique la restricción de las garantías constitucionales por un nuevo período de tiempo.
La ASJ argumentó que el recurso presentado sobre la extensión prolongada y la aplicación generalizada del estado de excepción violando los principios básicos del Estado de Derecho y crean un precedente peligroso en el ejercicio de las garantías democráticas.
Asimismo, sustenta su acción legal en la obligación del Estado para garantizar que cualquier restricción a los derechos fundamentales deben cumplir con los principios de legalidad con la necesidad y proporcionalidad.
El capítulo de Transparencia Internacional subrayó que la implementación del estado de excepción ha excedido el plazo máximo de 45 días previsto en la Constitución y que, además, el procedimiento utilizado para su implementación es incorrecto debido a que contraviene lo establecido en el artículo 187 de la Constitución.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda expresó que “el estado de excepción no puede convertirse en una política de seguridad permanente, su uso desmedido no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que también evade la necesidad de implementar estrategias integrales para reducir los índices de violencia, extorsión e inseguridad”.
Para concluir ASJ instó a la CSJ que cumpla su rol de garante del orden constitucional y declare con urgencia la inconstitucional de los decretos que han sostenido el estado de excepción previo al próximo proceso electoral.
El estado de excepción se implementó con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado en el país, el cual ha generado un amplio debate entre sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
